La administración Kirchner, tratando de justificar sus pagos récords de
deuda externa, argumenta frecuentemente que “este gobierno está pagando deuda
que no contrajo”.
Como regla general, todos los gobiernos precedentes – directa o
indirectamente – adujeron también el problema de la “herencia recibida” en
materia de deuda (hasta el gobierno Videla, con el ministro Martínez de Hoz, lo
llegó a invocar entre los motivos del Golpe Militar de 1976) pero todos tomaron
después más deuda y dejaron al final de su gestión un stock de pasivos superior
al que recibieron: 44.000 MD (Millones de Dólares) el Proceso, 62.000 MD
Alfonsín, 122.000 MD Menem, 145.000 MD
De la Rúa, 173.000
MD Duhalde y 208.000 MD Kirchner (todos según cifras oficiales con redondeo).
Pero, independientemente de las excusas reales o de procedimiento, en
el caso de la administración K no es tan cierto que haya estado pagando sólo
deuda y costos financieros de otros gobiernos sino que a ello sumó además su propia
deuda:
-
Porque
aceptó los compromisos heredados sin cuestionar la legitimidad del
endeudamiento público recibido y de esa manera lo hizo propio.
-
Porque
aumentó su monto y complicó aún más el cuadro de dicho endeudamiento sin capacidad
de repago del país.
-
Porque
además se jactó de hacerlo, argumentando falsamente que ahora el problema de la
deuda había pasado a un segundo plano porque el país se estaba
“des-endeudando”.
Por ende, no es válido el intento del gobierno Kirchner de tratar de desentenderse
de su cuota de culpabilidad en la actual crisis de Deuda después de haber aumentado
y ocultado lo que heredó.
EL MEGACANJE KIRCHNER-LAVAGNA DE 2005.
La primera falsía vendida por el gobierno a la opinión pública (una
falsedad no refutada por la clase dirigente argentina sino, por el contrario,
reconocida por la partidocracia opositora y elogiada por los grandes medios de
comunicación del establishment) es la mentira del éxito del Megacanje
2005-2010, cuya responsabilidad política fue indudablemente del presidente
Néstor Kirchner pero su responsabilidad técnica y profesional fue del Ministro
Lavagna y su Secretario de Finanzas Nielsen.
El Megacanje 2005 fue presentado como el logro de una quita
extra-ordinaria por la reestructuración de la deuda en default desde 2001
aduciendo una reducción de los montos negociados y, consecuentemente, del stock
de la deuda pública; lo cual no era cierto:
a)
El
canje se hizo sobre unos 82.000 MD de bonos elegibles, de los que fueron
aceptados 62.000 (siempre, en números redondos, para simplificar su
comprensión).
b)
Contra
este monto de títulos rescatados se emitieron nuevos bonos por 35.000 MD, esto
es, con una quita nominal del 43.5 %
(27.000 MD).
c)
El
Ministerio de Economía (MECON) dijo que el stock de deuda se había reducido con
esta operación en unos 65.000 MD (producto de 192.000 contra 127.000 MD), lo
que no era cierto porque el stock pre-canje no era de 192.000 MD – como decía
el gobierno - sino de 173.000 y porque el stock post-canje no era de 127.000 MD
– como consignaban los datos oficiales - sino de 147.000 MD (un saldo prácticamente
igual al existente en el momento del default de 2001: 145.000 MD).
d)
El
MECON abultó el stock de la deuda pre-canje incluyendo dentro de la misma
19.000 MD de intereses atrasados que no correspondía computar porque el
devengamiento de los intereses se interrumpe al momento del default; y luego
omitió en el stock post-canje el importe de los bonistas que no entraron en la
operación (los holdouts), entonces de 20.000 MD.
e)
Pero
además de esta presentación engañosa de las cifras sobre la baja del stock de
la deuda, se ocultó la cuantificación de tres nuevos rubros asumidos por la
administración Kirchner con las obligaciones del Megacanje: 1. Unos 12.000 MD
de intereses capitalizados por anatocismo durante el decenio 2005-2014, 2.
Ajustes por inflación de la deuda en pesos según coeficiente CER, que para los
primeros años implicaba un aumento por indexación del orden de los 4.000 MD
anuales, y 3. El pago de cupones ligados al PBI por valor de 30.000 MD (el 48 %
de los bonos canjeados de 62.000 MD).
Por ende, el Megacanje Kirchner-Lavagna (que convalidó la deuda que
estaba siendo investigada por la justicia proveniente del Plan Brady de
1992-1993 y del Megacanje De la
Rúa-Cavallo de 2001 y su posterior conversión a Préstamos
Garantizados) no fue un buen arreglo y, como agravante, fue presentado como el
acuerdo que allanaría el regreso argentino al mercado internacional de
capitales.
El primero que observó la inconsistencia básica de este Megacanje
debido al peso de los nuevos rubros citados – particularmente los cupones PBI –
y la desubicación de los fines del acuerdo negociado por el equipo Lavagna fue
Javier Llorens, de Córdoba, que aparte de cuantificar la magnitud de las cifras
reales comprometidas por la administración Kirchner destacó la contradicción en
la esperanza de volver al mercado de capitales mientras quedaban afuera del
canje tenedores por 20.000 MD (los holdouts), que iban a plantear sus reclamos
contra el gobierno argentino impidiendo así el levantamiento completo de la
situación de default.
Con el agravante que la capacidad de repago del Megacanje fue mal
estimada y que por ello el cumplimiento del mismo – con el peso adicional de
los 9.500 MD pagados luego por anticipado al FMI en Enero de 2006 y las
obligaciones asumidas de recompra de deuda hasta el 2009 - entró en crisis muy
poco después de su firma, lo que llevó a una serie de medidas de emergencia
financiera, entre las cuales las más importantes fueron el intento de aumento
de las retenciones sobre granos, la estatización de las AFJP y el uso de
reservas internacionales para el pago de deuda externa.
Así, en el contexto del problema insoluble de fondo - que es la trampa
de deuda perpetua en que está metida la Argentina - fue el fracaso de este Megacanje
Kirchner-Lavagna de 2005 la causa concreta que se vino arrastrando hasta desnudar
la actual crisis de Deuda que sufre nuevamente nuestro país.
LA
CUESTIÓN DE LA DEUDA INTRA-ESTADO.
Dada la falta estructural de capacidad de repago de la deuda pública y
el problema generado por el Megacanje 2005, el gobierno Kirchner apeló al
endeudamiento sistemático intra-sector público, es decir, a la toma de fondos
públicos administrados por el Estado para poder sostener los pagos de la Deuda:
a)
Estatización
de las AFJP, en Octubre de 2008, para traspasar el stock de títulos impagables
en cartera de las mismas – que ya entonces representaban un 60 % del Fondo de la ANSES (sobre un total de
100.000 M$, Millones de Pesos) – alivianando así la atención de los
vencimientos de capital e intereses por esa deuda con terceros (las AFJP,
controladas por los grandes bancos y aseguradoras) pero comprometiendo la
situación financiera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
b)
Política
de pagos de la Deuda
Externa con reservas internacionales del Banco Central (BCRA)
– a organismos multilaterales de crédito y acreedores privados – con la
consiguiente descapitalización progresiva del banco mientras se permitía la
salida irrestricta de divisas fuera del país.
c)
Emisión
masiva de dinero sin respaldo para reponer las reservas utilizadas en los pagos
de la deuda en moneda extranjera (que el BCRA presta al gobierno), emisión de
pesos para facilitar Adelantos Transitorios al Tesoro para atender también
pagos de la deuda y otros rubros; y aumento de la deuda cuasi-fiscal del BCRA
para esterilizar la mayor parte del dinero emitido, cosa que efectúa a través
de la colocación de Lebac/Nobac.
d)
Derivación
creciente de préstamos del Banco Nación (BNA) al Tesoro, con la colocación de
títulos públicos en cartera (que hoy representan más del 45 % de su Activo),
restando así márgenes de crédito destinados a la actividad privada productiva.
e)
Utilización
generalizada y sistemática de fondos circunstancialmente disponibles tomados de
toda una serie de otros organismos nacionales - AFIP, Lotería, FFRE, PAMI, etc.
– con el consiguiente engrosamiento de la deuda interna con el propio sector
público.
f)
Manipulación
de los índices de inflación del INDEC, desde el año 2007 – esencialmente el IPC
– con el efecto consecuente de sub-indexación del CER, que se usa para la
actualización de la deuda en pesos ajustada por inflación.
g)
Mantenimiento
de una política de retraso cambiario como ancla anti-inflacionaria pero también
como forma de ayuda para sostener el pago de los servicios de la deuda en
moneda extranjera, que tienen que atenderse con la conversión de una
recaudación fiscal en pesos.
La combinación de toda esta batería de
políticas y medidas o acciones financieras por el gobierno Kirchner terminó agravando
el cuadro de situación del endeudamiento argentino y desembocando en una nueva
Crisis de Deuda.
La política de Deuda intra-Estado ha tenido por objeto abonar deuda
pública con terceros – acreedores y organismos internacionales – traspasándole
deudas sin capacidad de pago al propio Estado, con el agravante que no se
trataba de fondos propios o compensables sino de dinero administrado por el
Estado, como el caso del Fondo de la
ANSES y de las reservas internacionales del BCRA (reservas
que pasaron a comprarse con deuda cuasi-fiscal).
Esta política de “empapelamiento” del sector público con obligaciones
impagables no sólo no contuvo el crecimiento de la deuda sino que, por el
contrario, la deuda fue aumentando a un ritmo de más de 10.000 MD anuales
(14.600 MD en 2011 y 18.800 MD en 2012).
De esta manera, la Deuda
intra-Estado terminó derivando en más deuda, en desfinanciamiento de la ANSES (que administra la
plata de los jubilados) y en descapitalización del BCRA. Y además terminó
también provocando más Inflación.
DEUDA PÚBLICA E INFLACIÓN.
La nueva Crisis de Deuda, que estalla este Verano de 2014, es la causa
de la falta de divisas, del incremento de las tasas de interés y del aumento de
la inflación.
El gobierno Kirchner habría llegado al límite de la Deuda intra-Estado: de la
deuda en moneda extranjera, por el uso en gran escala de las reservas
internacionales para el pago de deuda externa, amén de la facilidad
irresponsable dada a la salida de divisas; y de la deuda en pesos por tope de
los márgenes razonables de títulos públicos en cartera en manos de la ANSES, del BCRA, del BNA y
de toda una serie de organismos nacionales.
La llamada política de des-endeudamiento – en realidad, política de
traspaso de deudas impagables al propio Estado – terminó así lógicamente
agotando sus posibilidades de financiamiento interno y generando mayor
inflación por la emisión de dinero sin respaldo para recompra de divisas
prestadas al gobierno para el pago de deuda externa y para darle adelantos
transitorios al Tesoro en pesos con el mismo objeto: financiar el déficit
fiscal provocado por la
Deuda Pública.
El estrangulamiento en la disponibilidad de divisas se hizo más grave
todavía no sólo por el perfil de vencimientos de la deuda externa pública sino
también – y muy especialmente – por el de la deuda externa privada, que por
acumulación de obligaciones comerciales y financieras suma actualmente más de
70.000 MD, en su mayoría vencidas.
Empezó entonces a pesar cada vez más la renovada presión de los grupos
financieros del Club o Partido de la
Deuda – ligados a la planificación de los ciclos de
endeudamiento público de corto, mediano y largo plazo - para que el gobierno
vuelva a los mercados internacionales de capital, es decir, para que vuelva a
colocar deuda externa, con el argumento neo-liberal de que es más conveniente
financiarse con deuda que con emisión monetaria.
Es parte de la trampa de Deuda Perpetua, que se replantea siempre sobre
la falacia que no hay problema en seguir tomando deuda sin capacidad de repago
mientras se puedan cubrir los intereses y vivir refinanciando las deudas por
capital.
Que no es sino la trampa de la meta buscada con el Megacanje
Kirchner-Lavagna del 2005 y luego con la Hoja de Ruta Boudou, que propugna liquidar cuanto
antes el problema de los holdouts y arreglar la deuda con el Club de París para
volver al mercado internacional de capitales.
Y para ello se estaría forzando el acomodamiento pertinente de las principales
piezas necesarias en el tablero financiero:
1. Presión devaluatoria controlada – es decir, sin abandonar el atraso
cambiario relativo - para lograr una tabla cambiaria que garantice la relación
peso-dólar a una paridad estable, para poder llegar así a cálculos más confiables
de pago de las deudas existentes, de los pagos extra-ordinarios por arreglo de
juicios con los holdouts y por anticipos al Club de París y, sobre todo, de
aparente solvencia fiscal para tomar nueva deuda.
2. Acuerdos limitados de precios y salarios tratando de frenar los
reclamos salariales con el argumento de una supuesta contención de precios, con
el establecimiento de pautas de aumentos a futuro sin recupero de la pérdida de
ingresos por desfase financiero y bajo amenaza de aumento del desempleo por las
perspectivas de recesión económica.
La finalidad de estos acuerdos sería, en gran medida, una reedición de la
mega-devaluación del 2002, tratando de contener aumentos de precios en sus
niveles actuales – después de los adelantos generalizados ya producidos - y,
especialmente, de usar dicho freno aparente de precios como argumento para
limitar los incrementos de salarios a niveles inferiores a la devaluación, abaratando
así los costos internos medidos en dólares.
3. Gran aumento de las tasas de interés locales – que tienen como piso
de referencia las elevadas tasas de las Lebac/Nobac que coloca semanalmente el
BCRA – para garantizar mayor rentabilidad bancaria, frenar el uso del crédito y
ampliar el margen de ganancia por arbitraje de los capitales financieros que
ingresen al país para aprovechar el diferencial de tasas bajo garantía de
estabilidad cambiaria.
Este último punto es particularmente importante porque, unido a una
mayor libertad en los movimientos de capitales, aumentaría el nivel de las
reservas internacionales a la vez que acentuaría la dependencia de capitales
financieros de corto y mediano plazo.
Sería el camino a la reedición de una experiencia ya sufrida en la Argentina en época del
Proceso Militar y luego en la década menemista de los ´90, consistente en
“alinear” tres elementos clave: 1. Estabilidad cambiaria con retraso relativo
del tipo de cambio para facilitar la capacidad de repago de los servicios de la
deuda externa (pública y privada), 2. Frenar la inflación interna con el
aumento de las tasas de interés y la amenaza de mayor desempleo, y 3. Liberar
el movimiento de capitales y volver a los mercados internacionales para colocar
nueva deuda pública.
EN CONCLUSIÓN:
La crisis financiera que hoy vive otra vez la Argentina – traducida en
inflación/devaluación, déficit fiscal y desequilibrio de la balanza de pagos –
es consecuencia de la nueva Crisis de Deuda Pública.
Ésta es la verdadera causa de la crisis, una causa de fondo que la
clase dirigente argentina se esmera en ocultar – oficialismo, oposición y
medios de comunicación – y que constituye en la práctica una etapa más dentro
de los ciclos de endeudamiento que se dan en nuestro país a través de sucesivos
cambios de política financiera, sea a cargo de los mismos o de distintos
gobiernos, siendo todos ellos funcionales al sistema de la Deuda, esto es, al
procedimiento de refinanciaciones perpetuas.
Los grandes grupos de poder financiero internacional tienen la
capacidad suficiente para planificar tales Ciclos de Deuda y los momentos de crisis
son parte estos ciclos, como puntos de inflexión para el reacomodamiento de las
piezas en el tablero y reapertura hacia nuevas formas de endeudamiento.
Los cambios a realizar para llegar a estas readecuaciones dentro de la política
de Deuda Pública pueden darse dentro de una misma administración o en forma
inter-temporal, es decir, a través de sucesivas administraciones, de forma que
las modificaciones se obtengan por medio de otros actores políticos pero el
resultado sea el mismo: más Deuda.
Como la Clase
Política depende de los condicionamientos del Poder
Financiero, las políticas de fondo subordinadas al Sistema de la Deuda Perpetua –
pese a su influencia determinante - no entran en el debate público, ya que la
regla de comportamiento es que “de la
Deuda no se habla.”
A cambio de ese silencio se le permite a los gobiernos y al
funcionariado de turno contar con una tolerancia de sus torpezas y
desprolijidades, de sus violaciones a la normativa y a la lógica de las
finanzas públicas y, en definitiva, al incumplimiento de los deberes de
funcionarios del Estado.
Luego, cuando los nuevos acuerdos de endeudamiento se instrumentan, los
mismos son saludados por el establishment como un retorno a la racionalidad
financiera, como una nueva reinserción de la Argentina en el Mundo y
un consiguiente renacer de la “confianza externa”.
Es un estadio al que inexorablemente se vuelve por debilidad,
ineptitud, corrupción y/o complicidad de los gobiernos y de la clase dirigente
argentina.
