martes, 8 de abril de 2014

¿Qué es eso de la "justicia por mano propia"?

El presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas de Mendoza por la Justicia Social reflexiona a partir de los casos de linchamientos.

Lucas Gómez
Los nadie.
…Que no son, aunque sean.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local.
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.

Eduardo Galeano (Fragmento de Los nadie. El libro de los abrazos).

Desde la Asociación de Abogados y Abogadas de Mendoza por la Justicia Social (AAMJuS) repudiamos expresamente los actos de “linchamientos” ocurridos en estos últimos días en nuestro país. Consideramos estas prácticas como otros hechos de violencia que lejos de aportar una solución forman parte del flagelo de la “inseguridad” y magnifican la violencia social que tanto se busca modificar.

No podemos desconocer que todo acto de agresión en banda que provoque una lesión en la integridad física o que termine con la vida de una persona es un delito pasible de graves sanciones penales. Esto no significa justificar bajo ningún punto de vista hechos delictivos que lamentablemente pudiese sufrir cualquier habitante en su persona y bienes, pero tampoco se puede aceptar y fomentar combatir la inseguridad con más inseguridad.

Nos manifestamos en contra de todo tipo de cobertura mediática que no administre la información con la seriedad y responsabilidad que esta clase de hechos demanda.

Alentamos y acompañamos a todas aquellas personas que han intentado aportar racionalidad y humanidad aún durante la ejecución de estos actos delictivos como así toda institución que se haya manifestado en contra de estos tristes episodios. La justicia y la democracia no se construyen a fuerza de violencia. Consideramos indispensable que instituciones como nuestro Colegio de Abogados se manifiesten al respecto informando a la población para prevenir este tipo de procederes tomando una enérgica postura de rechazo hacia estas acciones.

No debe confundirse esta clase de acciones individuales o colectivas con la denominada defensa legítima. El derecho a defenderse de una agresión ajena sólo puede ejercerse para evitar o prevenir un daño; debe ser simultáneo a aquello que quiere evitarse; la fuerza que se utilice para detener la agresión debe ser proporcional al daño que quiere evitarse. Ahora bien, varias personas pegándole a una persona es más que una defensa, un ataque desproporcionado que se agrava más en la medida que la persona golpeada pierde su capacidad de defensa y la muerte de este sujeto convierte a los golpeadores en homicidas. Es un último recurso utilizado solo si no existe alternativa, si el sistema de justicia no puede aportar una solución en forma inmediata cuando se advierte la comisión de un delito en forma directa y no hay autoridad policial a la cual recurrir, siendo obligación de todo ciudadano que intervenga de este modo poner a la persona aprehendida a disposición de la policía y del sistema judicial.

La legítima defensa no es un mecanismo para aplicar sanciones frente a hechos cometidos. Aquel que se defiende o defiende a otros no alcanza a efectuar un juicio sobre lo ocurrido que le permita determinar responsabilidades y no es la autoridad judicial competente para hacerlo. Por el contrario, los actos de linchamiento no protegen ningún bien personal, no son preventivos y no están dirigidos a evitar que se cometa un delito. El hecho que da origen a estas represalias ya ocurrió y estos actos de violencia sólo canalizan un impulso de venganza.

No se defiende a la sociedad, ni nos defendemos nosotros de futuros delitos. Pareciera existir la ilusión de un nosotros unidos contra ellos, dos bandos que mediante actos de violencia marcan sus límites de acción, prometiendo nosotros dolor o muerte a aquellos que consideremos que nos atacan.

La agresión contra aquel que se considera una amenaza es desproporcionada, pareciera justificarse cualquier daño que hagamos a esa persona. No es a ella a quien se castiga sino a todos aquellos que consideramos iguales por hacernos sentir inseguros.

Estas acciones masificadas niegan la racionalidad, hacen imposible la evaluación de pruebas para alcanzar certeza sobre la existencia de un delito e impiden valorar la culpabilidad.

Luego de esa violencia estamos en un peor lugar del que partimos; no se afianza la ley cuya violación se pretende defender ni el respeto del otro mediante actos ilegales, irracionales, desproporcionados y violentos.

Familias indigentes, imposibilitadas, desmembradas; niños, niñas, adolescentes en situación de calle, caídos tempranamente en la droga, prostitución, violencia, discriminación; madres solteras desocupadas haciendo lo que pueden para vivir, también son víctimas de la inseguridad que a todos afecta y de la violencia estatal, pero también son víctimas de algo peor, el desprecio y la ignorancia de la sociedad. Esa sociedad que los excluyó desde su nacimiento y hoy los combate desproporcionadamente y por las dudas. Para ellos, el silencio cómplice. Para ellos, la indefensión. Para ellos, paradójicamente, no hay agrupamientos espontáneos embanderados bajo la consigna de hacer esa “justicia del hombre de bien” que satisfagan de manera inmediata y por mano propia los derechos vulnerados de aquellos, sino grupos y personas que en vez de golpear, trabajan con la ayuda, la inclusión social, la militancia y la política para llevar vida, dignidad y paz social.

Desde AAMJuS confiamos en el fortalecimiento institucional y democrático y una mayor inclusión social como modos de arribar a soluciones eficientes y realistas a la problemática de la inseguridad, evitando caminos facilistas que conducen a una cultura de irracionalidad que pone en riesgo la existencia misma de la sociedad.

Lucas Gómez
Abogado – Presidente de AAMJuS

AAMJuS es una Asociación Civil cuyo objeto es lograr una mayor democratización de la justicia, buscado su acercamiento a la sociedad, el involucramiento del foro de abogadas/os y procuradoras/es provinciales desde una perspectiva social en pos de la efectivización de los Derechos Humanos.

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