domingo, 29 de abril de 2012

El relato de YPF ARGENTINA
por Fabiana Arencibia

Mucho se ha dicho y escrito en estos días acerca del proyecto de ley –ya con media sanción del Senado- para expropiar las acciones a Repsol y declarar de interés público el autoabastecimiento y la producción de hidrocarburos. Con esta nota intentaré aportar algunos elementos relacionados no solo con el contenido del proyecto en sí sino también sobre la articulación de los relatos para construir consenso sin mucha reflexión.

Sobre decisiones a las que nadie puede reprochar u oponerse, las medidas parciales que el actual gobierno fue tomando - basadas en la idea de la recuperación del rol del Estado en aspectos fundamentales de la economía y la política - convierten a “lo posible” o “es el primer paso” en el argumento fundamental de aceptación.
En muchas de nuestras notas durante estos años de gestión kirchnerista hemos dicho que había que ir a fondo aprovechando la bonanza económica de crecimiento del sector del capital y de consenso social hacia el actual gobierno.
El ciclo de recuperación del capitalismo, donde el empresariado fundamentalmente transnacional obtuvo altas rentabilidades, era el momento preciso para cambiar la estructura económica, y avanzar en profundidad en la tan nombrada distribución de la riqueza. Sin embargo esa estructura, pensada por la dictadura y desarrollada en los 90, sigue intacta: concentrada y extranjerizada.
Nuestra economía se asienta sobre la producción de soja, minería contaminante, industria automotriz, negocio financiero, todo ello desarrollado por empresas extranjeras o por empresarios con DNI de argentinos, pero sus intereses están vinculados y/o entrelazados a capitales foráneos. Los hidrocarburos también entran en esta lógica. (1)

La construcción del mensaje
Sin perder tiempo se trabaja desde la publicidad oficial el logo de YPF ARGENTINA como forma de instalar en el sentido común la idea de la “recuperación nacional” de la empresa petrolera (a pesar de que la presidenta dijo claramente que se trata de una expropiación y no de una nacionalización).
La parcialidad de este mensaje es parte de la misma estrategia comunicacional que acompaña a cada una de las medidas tomadas por el kirchnerismo desde hace nueve años.
Solo como ejemplos: Se habla de Ley de “Movilidad” Jubilatoria, cuando en realidad se ajustan los haberes de los jubilados dos veces al año y con la inflación dibujada del Indec (mucho menor a la real) provocando que hoy el 75 % cobre 1.681 pesos, cuando el Salario Mínimo Vital y Móvil es de 2.300 pesos.
Se habla de la Asignación “Universal” por Hijo, cuando un informe basado en cifras oficiales, realizado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (Ipypp), detalla que un 30% de los chicos (mas de 5 millones) queda fuera del derecho a la asignación del Gobierno nacional y un 25% (mas de 3 millones) queda fuera de toda cobertura.
La estatización de las AFJP, medida que suponía el recupero de los fondos que son de los jubilados, son utilizados por la Anses para pagar deuda, financiar obra pública, subsidiar a las multinacionales y cubrir gastos presupuestarios como si fueran parte de la recaudación de impuestos.
Se habla de la “democratización” de las comunicaciones a través de la sanción de la nueva ley de medios por que vino a terminar con las “corpos” mediáticas (en especial el grupo Clarín). Sin embargo, paso a paso, se está constituyendo un nuevo “mapa de medios” con grupos empresarios alineados al gobierno que cierran filas tras el discurso que sostiene su política. Pero además, luego de dos años de su sanción, se habilita el uso de frecuencias de radio y televisión en forma discrecional. Lo mismo sucede con la distribución de la pauta publicitaria oficial.
Se obligan a mineras y petroleras a liquidar los dólares de las exportaciones en nuestro país, pero según lo que ellas declaran que exportan, sin que el Estado controle que así realmente sea. (2)
La reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, además de dejar anclado el debate de fondo sobre una nueva Ley de Entidades Financieras, libera reservas que, tal como dice la norma, “podrán aplicarse al pago de obligaciones contraídas con organismos financieros internacionales o de deuda externa oficial bilateral”. (3)

Sobre la expropiación a Repsol
Es necesario decir que esta medida se ha tomado en el preciso momento en que la rentabilidad de Repsol comenzaba a disminuir. Así sucedió también con la estatización de las AFJP que habían invertido el dinero de los jubilados en el mercado bursátil y las alcanzó la crisis financiera internacional con el derrumbe en las Bolsas. La estatización les sacó un peso de encima. Hubiese sido difícil hacer frente a las jubilaciones.
Pero además hay que agregar que Respsol no solo alcanzó desde 1999 a la fecha a recuperar su inversión inicial sino que distribuyó el 80 % de sus ganancias en formas de dividendos. No los invirtió. No era este su negocio ni el de sus accionistas.
Por otra parte el gobierno nacional era plenamente consiente de lo que sucedía en la empresa. Su participación accionaria, su representación en el Directorio a través de Roberto Barrata (y la posesión de la “acción de oro”, que le da derecho al Estado para controlar algunas decisiones estratégicas), lo habilitaban para suscribir y avalar todas las decisiones que ahora critica (desinversión, política de reparto de dividendos, vaciamiento).
“No es lo mismo recuperar soberanía que restituir un paquete accionario al estado. La soberanía es una concepción de la totalidad. No hay soberanía por pedazos, cachitos, fetas, trozos. La soberanía no es una picadita con ingredientes varios, incluyendo salamines menemistas convertidos”, escribió el psicoanalista Alfredo Grande.
Y en este tema de “recuperar soberanía” lo cito porque su idea me parece una síntesis que resume con claridad el alcance de la medida tomada por el gobierno y explicamos por qué.

1- Repsol YPF tiene apenas un tercio de la producción petrolera. Debemos considerar que la expropiada Repsol, en conjunto con el Grupo Petersen (familia Eskenazi) y los accionistas particulares, producen solamente un 30 por ciento del petróleo y un 23 por ciento del gas. El resto está en manos de otras empresas extranjeras. Por caso, el Golfo San Jorge, que es el área productora de petróleo más importante del país, está en manos de Pan American Energy. Sus dueños son: la British Petroleum, de capitales ingleses (60%) y el grupo Bridas de los hermanos Bulgheroni (40%).

2- Se mantienen las mismas normas legales que favorecen la desregulación y la libre disponibilidad. El gobierno no ha dicho aun nada acerca de la modificar el marco regulatorio que rige la actividad hidrocarburífera.
Siguen vigentes los decretos menemistas (1055/89, 1212/89, 1225/89) que permiten la libre importación y exportación, la libre capacidad de refinación, de instalación y de titularidad de las bocas de expendio, la libre fijación de los precios, en síntesis, la libre disponibilidad del hidrocarburo extraído y la anulación de los art. 25 y 34 de la ley de Hidrocarburos (L.17319) que prohibían que un mismo operador pudiese tener mas de 5 concesiones de explotación o 5 permisos de exploración.
Medidas que fueron profundizadas con la sanción de las llamadas Ley Larga y Ley Corta (durante la presidencia de Néstor Kirchner). La primera otorgó exención de impuestos a las ganancias, a la importación de capitales y otros, para la actividad de exploración y explotación en el Mar Argentino y en las zonas no exploradas -y aun en las exploradas- del territorio continental. La segunda, convirtió el dominio originario que la Constitución de 1994 entregó a las provincias hidrocarburíferas (propiedad del recurso pero no del uso), en dominio jurisdiccional o útil. Con esto, el Estado Nacional le cedió a las provincias la potestad de otorgar todas las concesiones, traspasándoles su poder para efectuarlas y controlarlas. Así, las provincias son las que cobran los cánones, fiscalizan los trabajos y de la renegociación de las concesiones.

3- Se legaliza la permanencia del negocio privado nacional y extranjero como política en materia de producción de hidrocarburos. El texto del proyecto con media sanción dice claramente en su artículo 2, que para garantizar el autoabastecimiento y la obtención de saldos exportables que mejoren la balanza de pagos, se recurrirán a la integración de capital público y privado, tanto nacional como internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación. Además refiere, en el artículo 13, al incremento del flujo inversor para el adecuado abastecimiento de combustibles. Se mantiene así el criterio de los acuerdos con capitales privados nacionales y extranjeros que, obviamente, intentarán sacar la mayor tajada posible de los mismos. El rol que juegan los empresarios locales, en muchos casos en alianza con o como representantes de la transnacionales, es el de mantener e incrementar las ganancias de sus empresas (Eskenazi es la muestra palpable de esto)

4- El Estado nacional se queda con casi lo mismo que los Eskenazi y con la deuda de Repsol. El cambio del paquete accionario a favor del Estado Nacional que es del 26,03 % (ya que el 24,97 % restante es de las provincias petroleras), se equipara prácticamente con el que quedará en manos del Grupo Petersen (25,46%), conglomerado de empresas dirigidas por la familia Eskenazi. Si tal como dice el proyecto de ley en su primer artículo, son de “interés público nacional” el logro del autoabastecimiento, la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, no se comprende la razón de expropiar solo a Repsol.
Por otra parte el Estado asume así la proporción de la deuda que tiene la empresa y que según el viceministro de Economía, se acerca a los 9.000 millones de dólares. Este importe es casi el mismo que debía cuando se privatizó en 1992 (deuda que también entonces recayó sobre el Estado Nacional porque se entregó YPF al capital privado libre de pasivos). El Estado asume esta carga financiera y se desliga a Respol de este peso que, por otra parte, le era difícil de cumplir.

El pasado que regresa converso

¿Quiénes estaban durante el discurso presidencial donde se dio a conocer el proyecto?
La ministra de Industria Debora Giorgi quien, siendo secretaria de Energía durante la presidencia de De la Rúa en el año 2000, le otorgó a Repsol una prórroga anticipada (el contrato vencía en el 2017) por 30 años de la concesión del yacimiento de Loma de la Lata.
También estaba el actual secretario de la presidencia Oscar Parrilli quien, siendo diputado por Neuquén, presentó ante la Cámara Baja el proyecto de ley de privatización de Gas del Estado e YPF. Durante el debate, sostuvo: “No pedimos perdón por lo que estamos haciendo (…) Esta ley servirá para darle oxígeno a nuestro gobierno y será un apoyo explícito a nuestro compañero Presidente [Menem]”.
No estaba presente, pero vale nombrarlo por su función actual, Roberto Dromi, que de ser el mentor de la ley de privatizaciones como funcionario menemista, parece haber devenido en estatista. Dromi es actualmente asesor del actual Ministro de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios, Julio de Vido, en el área de petróleo y de energía.
Respeto al ministro, dice Alfredo Grande: “La sola presencia de De Vido, responsable impune de la masacre de Once, me pone en alerta naranja”. Y recuerda un reportaje publicado en diciembre 2010 por el diario Página 12. Allí se le preguntó a De Vido sobre la entrada del Grupo Petersen a la empresa: “Creo que es muy importante; hay un conocimiento mucho más acabado de la economía del país y se articuló la sinergia entre capital argentino y capital español; así se logró la excelencia de la empresa, como dijo la Presidenta. (Nota: “Tendremos gas para 90 años” )

El Estado en la empresa“Esto se hace porque la realidad mató al relato”, afirmó con agudeza Félix Herrero, abogado, economista y uno de los fundadores del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (MO.RE.NO).
Es que la realidad ha sido la caída permanente de las reservas, la falta de inversión, el giro permanente de ganancias al exterior y la necesidad de importar provocando una balanza energética altamente deficitaria. Más allá de loas a la “argentinización” que vinieron desde el propio gobierno ante la entrada de Eskenazi como accionista. Más allá de que el origen de la debacle haya comenzado durante el menemismo (con apoyo de los que hoy se convierten en estatistas nac & pop) pero que se profundizó durante la gestión actual.
El proyecto mantiene la forma societaria para la empresa. La decisión de que permanezca como Sociedad Anónima y no como, al menos, Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (posible por el 51 % que se le expropia a Repsol) evita que intervengan en el control de la misma los organismos públicos como la Auditoria General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación para auditar el papel del Estado en las decisiones que se tomen.
Las provincias que se llevan el 49% del 51 que se expropia, son las que integran la OPEPHI (Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos). Allí están Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
A gran parte de sus gobernadores actuales, es difícil encontrarles un pasado en la gestión pública de defensa de la soberanía económica.
Solo como ejemplos: el gobernador de Neuquén sigue con la política privatista, el gobernador de Chubut le quitó este año concesiones a Repsol pero dio a conocer su decisión de volver a licitarlas a capitales privados. En el caso del gobernador de Jujuy, durante su pasada gestión al frente de la provincia en 1998 se llevaron a cabo las privatizaciones de empresas públicas como Altos Hornos Zapla.
Que el gobierno realce como “modelo de gestión” para YPF el de petroleras “mixtas” como Petrobras, significa adoptar la decisión de que el Estado siga por el camino de aceptar que el petróleo se venda a las refinerías a “precio internacional”. Nuestro propio crudo nos cuesta a los argentinos como si fuera importado.

Algo sobre los Eskenazi
La familia Eskenazi, propietaria del Grupo Petersen, compró sus acciones en dos tandas para hacer posible la “argentinización” que necesitaba el gobierno. Una en 2008 y otra en 2011, que le otorgaron el 24,4 por ciento de l capital.
No pagó nada por ellas, sino que fueron financiadas con préstamos que le otorgaron la propia Repsol y los bancos Credit Suisse, Goldman Sachas, BNP Paribas, Itáu, Santander, Standard Bank, Credit Suisse y City Banck. Hoy los Eslenazi deben por estos préstamos cerca de 3.000 millones de dólares.
El acuerdo fue que serían pagados con los dividendos futuros a recibir por sus acciones.
Por eso acusar solo a Repsol del vaciamiento es mirar con un solo ojo. Todos los accionistas se beneficiaron con la decisión de distribuir utilidades mientras no se cumplían los planes de inversión. Y los Eskenazi fueron uno de los más favorecidos

Indemnizar: ¿Quién debe a quien?

Como en la época de la dominación española, la sangría de plata y oro al viejo continente hoy vuelve con las ganancias que se fueron junto con el petróleo. El daño ambiental y la violación a los derechos territoriales son denunciados por la Confederación Mapuche de Neuquén. Afirman que “El Estado Provincial y el Federal no consideraron, en estas últimas décadas, estos derechos y no surge desde ninguno de los enunciados del proyecto de ley esta preocupación central en nuestras vidas”.
El proyecto de ley dice que el “precio” se determinará según lo que define el artículo 10 de Ley de Expropiación (21499): “La indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos (...)”
Y aunque se decida no pagar ni un peso a Repsol, debe quedar claro que el Estado (nosotros) se queda como socio mayoritario con la carga de resolver no solo la deuda que deja la empresa sino también la del necesario financiamiento del Plan de Inversiones que Repsol no cumplió (se habla de 30.000 millones de dólares en los primeros cinco años)

Vaca muerta, muerte de la tierra
Cuando el proyecto habla de garantizar el autoabastecimiento y aumentar a la vez los saldos exportables, desconoce una realidad: la declinación de las reservas hidrocarburíferas producto no solo del saqueo y vaciamiento de las petroleras transnacionales sino también, tal como lo afirma el Observatorio Petrolero Sur (OPS), porque “las cuencas traiciónales del país han llegado al llamado ‘peak oik’ o punto máximo de extracción (de hidrocarburos baratos y de fácil acceso)”.
Las alternativas que surgen desde los sectores empresariales y también públicos es la extracción de hidrocarburos no convencionales. Por eso el revuelo por la confirmación a mediados de 2011 de la existencia de un enorme reserva de crudo en la zona Vaca Muerta, una extensa formación geológica de 30.000 km2 que recorre el sur de la provincia de Mendoza, el este de Río Negro pero cuyo 70 por ciento está asentada en la provincia de Neuquén. Dicen que es el tercer reservorio mundial de este tipo (no convencional) y que para su explotación se necesitaría una inversión de 40.000 millones de dólares.
Sin embargo, sobre lo que no se habla es acerca de los impactos ambientales y sociales que este tipo de explotación ha traído en otras partes del mundo. Está prohibida, como técnica de producción, en Francia y Bulgaria. Y países como EEUU, Sudáfrica, Australia y Gran Bretaña han declarado moratorias para este tipo de explotación.
A diferencia del gas y el petróleo convencional, que conforman capas horizontales de fácil acceso, este tipo de reservas están encapsuladas entre las vetas de la roca madre. Para explorar esas cápsulas y luego extraer su contenido se utiliza la técnica del 'fraking' que consiste en perforar la roca en diagonal, con equipamiento de alta tecnología.
Al respecto la Confederación Mapuche de Neuquén dice: “Observamos con preocupación y alerta que ante la necesidad de generar el autoabastecimiento se plantee como camino la explotación del petróleo y gas no convencional, a través de la hidrofractura. Siendo esta una forma de extracción que ha dejado grandes desastres ambientales, en otros países, agotando y contaminando reservas de agua, además de la tierra y el aire. Motivo por el cual ha sido suspendida y hasta prohibida su explotación.

Algunas preguntas
Por qué si el gobierno le imputa a Repsol la responsabilidad del “vaciamiento”, además de la intervención, no llevó la denuncia a la justicia en lugar de expropiar sus acciones, liberándola de sus obligaciones como si fuera una especie de salvataje.
Por qué si el incumplimiento contractual era harto evidente, no se le rescindieron todos los contratos a la totalidad de la empresa (Eskenazi incluído) para transitar un camino de tener una petrolera 100% estatal.
Nos preguntábamos en una nota que publicamos en Red Eco cuando comenzaron las quitas de áreas de concesión a Repsol YPF (4) ¿Quién va a pagar lo que Repsol no invirtió en todos estos años en los que ganó muchísimo dinero y giró la mayor parte a su casa matriz? ¿Y quién se hará cargo de los daños ambientales que ocasionó y de la invasión de tierras a los pueblos originarios? ¿Quiénes se harán cargo de esas áreas que se le quitaron? ¿Será el estado nacional, los estados provinciales u otros capitales privados “nacionales” como Eskenazi?
La respuesta puede deducirse hoy con más claridad. Lamentamos que no sea lo que a modo de consigna dijo Alfredo Grande. “La nafta de ayer que se la saquen a Repsol. La de mañana, será del pueblo o no será”.

Notas relacionadas:


(1) ¿Dónde ponemos lo “nacional y popular” del modelo?

(2) Reformas y reservas para el modelo

(3) Todo por un dólar

(4) Petróleo: los responsables de la crisis
Tranportadora de Gas del Norte : INICIAN MEDIDAS DE FUERZA

A.P.J. GAS (Personería Gremial 397)

Asociación Personal Jerárquico de la Industria del

Gas Natural, Derivados y Afines

COMUNICADO DE PRENSA:

La APJ GAS informa a la opinión pública que a partir de este viernes 27 de abril de 2012 comenzará un PARO TOTAL de actividades en todo el ámbito de la empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN) tanto en su Sede Central de Capital Federal como en todas las plantas que la empresa posee en el resto del país.

Las medidas de fuerza comenzarán a las 6 hs del 27/4/12 y consistirán en la no realización de tareas ordinarias ni extraordinarias ni el cumplimiento de guardias pasivas.

Nos vemos obligados a tomar estas medidas debido a la falta de avance concreto en la negociación respecto del aumento salarial y el funcionamiento de una Comisión Mixta para la discusión del Consumo Gas.

Lamentamos cualquier inconveniente que estas medidas no deseadas por los trabajadores puedan provocar y hacemos responsable a la empresa Transportadora Gas del Norte por cualquier consecuencia que las mismas puedan ocasionar en el normal desarrollo del transporte y la distribución del gas natural.

PRENSA - APJ GAS

Contacto:

Secretario General RUBEN RUIZ 011-156 297 8886

Secretaría de Prensa: Ximena Rattoni - prensa_apjgas@yahoo.com.ar

Agradeceremos acercar la difusión de esta información a vuestra audiencia y lectores

www.apjgas.org.ar
LA ILEGALIDAD MINERA EN CATAMARCA
El 30 de Diciembre del 2011, la Secretaria de Minería de la Provincia dicto la resolución 2018/11, mediante la cual se dictaba la aprobación de la etapa de exploración del yacimiento minero Agua Rica. Este acto administrativo emanado por la Secretaria de Minería, se realizo de manera ILEGAL, ya que dicha ilegalidad radica en que hay una medida cautelar (orden del Juez de Minas) vigente ya que el Dr. Raúl Guillermo Cerda, con fecha 16 de febrero de 2010 suspende toda actividad de Minera Agua Rica, con una posterior resolución que aclara el alcance de la resolución mencionada, de fecha 30 de marzo del 2010, así mismo en el marco del tramite judicial mencionado el mismo funcionario el 28 de diciembre del 2011, dicta una nueva resolución por la cual amplia la medida del 16 de febrero del 2010, pero deja claro que la EXPLOTACIÓN y la EXPLORACIÓN siguen suspendidas hasta que se restablezca la PAZ SOCIAL en Andalgalá, la cual sigue alterada tal como quedó demostrado el último 15 de febrero cuando las patotas mineras sitiaron nuestra ciudad.

En razón a lo expuesto, y teniendo en cuenta que la Secretaria de Minería NO TUVO EN CUENTA LAS RESOLUCIONES EN LA QUE SE DISPONE LA MEDIDA CAUTELAR (suspensión de las actividades de Minera Agua Rica), al momento de dictar la resolución 2028/11, viola la decisión de un Juez de la Provincia y no de cualquier Juez, sino de quien juzga sobre las decisiones de la Secretaria de Minería, en cuanto a si estas se ajusten a derecho o no.


Como así también la Secretaria sigue sin reconocer el DERECHO QUE TIENEN LOS VECINOS, que es el que prescribe la Ley General del Ambiente en sus artículos 19 al 21, consistentes en el DERECHO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, en los trámites administrativos en los cuales se relacionen con la preservación y protección del ambiente.


En consecuencia lo anunciado por los medios de información de la provincia en relación a la supuesta aprobación del Juez de Minas Raúl Guillermo Cerda para la etapa de Exploración, corre por cuenta de quienes mal informaron a toda la opinión pública en la provincia de Catamarca.

viernes, 27 de abril de 2012

Andalgalá resiste
por Silvana Melo

“Yo aprovecho para mandarle un abrazo de muchos brazos a los pobladores de Famatina, Tinogasta, Andalgalá, Belén y otros que no se dejan engañar con esos cuentos de las sanguijuelas modernas que te venden buena salud mientras te acompañan al cementerio”. (Eduardo Galeano en la Feria del Libro)

Acaso ya desde su nombre (el Señor de la Alta Montaña) Andalgalá le resiste a Agua Rica. Puesto su nombre -el de la mina- con un gesto de amarga paradoja. El agua dejará de ser rica -en sabor y en riqueza- cuando el cerro molido y derrotado corra con ella por el ducto, hecho ya una sopa de ácido y mineral. Tan lejos está febrero, cuando en el valle ardiente los pueblos de la cordillera piquetearon la montaña. Y los supermedios clavaron su parafernalia en una insólita solidaridad con la gente olvidada. Que duró lo que dura un lirio en la nieve. Es decir, hasta que el capital propina un sopapo de conciencia. Pero que ya no sea tapa de Clarín y que Julio Bazán no despliegue su metaforismo bizarro en medio de las balas de goma de la infantería no significa que Andalgalá haya capitulado. Ni Famatina ni Belén ni Tinogasta ni Amaicha. Están todos de pie, a pesar del discurso presidencial, del obrero trucho, de la publicidad de la Cámara Minera que invirtió -y repartió- mucho dinero y creatividad para convencer de que sin minería no hay celulares ni sillas de ruedas.

Pero están de pie. Por Esquel 2003. Por Famatina 2006. Cuando pueblos anónimos y depreciados se les plantaron a los conquistadores -ya sin pizarros ni bergantines- que vaciarían de oro los vientres de los cerros. Dejando como rémora la tierra cóncava y envenenada.

“Con Agua Rica desaparecería Andalgalá, como la Alumbrera viene diezmando nuestra población desde hace años”. Juan José Rodríguez y Rosario Carranza, desde la Asamblea y la Radio El Algarrobo, le pusieron voz a la lucha cuando el poder es un ramillete de política, empresa, justicia y medios. “Muelen cerros enteros” y el horizonte aparece donde fue el reino del Señor de la Alta Montaña. Pero Agua Rica está a 17 kilómetros de Andalgalá y no a 80 como la Alumbrera. “Está en la naciente de nuestros ríos. Más allá de dejar un agujero en nuestros cerros, sacan el agua. Y las poblaciones compiten con la capacidad de las empresas para sacar el agua. En realidad, no compiten, porque ya se les cedió el permiso del agua a ellos”. La Alumbrera consume cien millones de litros diarios.

La conciencia, desde Esquel y Famatina, dice que a las multinacionales se les abren doradas puertas legales e impositivas para que se lleven los recursos de la tierra. Y de que ese saqueo vendrá invariablemente a través de la explotación a cielo abierto. Ya no hay socavones. Se vuela la montaña, se muele la piedra y se lava con cianuro para separar el oro de la roca. Todo al aire libre, con millones de litros de agua negadas a la vida y que mudarán su transparencia al azul del veneno, con el polvo que molerá tantos pulmones como cerros, con las explosiones que exiliarán a las torcazas.

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“El primer tratado binacional entre Menem y Frei es la entrega de cien kilómetros de ancho de cordillera a las transnacionales: las nacientes de todos nuestros ríos forman parte de un tercer estado transnacional minero que Cristina profundiza”, dice Juan José Rodríguez a APe. En febrero, Tinogasta, Belén y Amaicha fueron reprimidas brutalmente. En Andalgalá escuadrones de empresarios, profesionales y demás dependientes de la mina sitiaron la ciudad. Los brazos represivos del Estado y los medios, como piezas clave, judicializaron el reclamo por la vida y la identidad. La Radio El Algarrobo fue un hilito de agua fresca y dulce en medio del ataque aluvional. “Los grandes medios son parte de la misma corporación. Nosotros ya no estamos hablando en las asambleas sólo de megaminería sino de modelo extractivo, y ahí surge la soja donde Clarín tiene muchísimas inversiones; surgen los desmontes, cómo los padecen los qom, que sufren el destierro, el avasallamiento, el envenenamiento de sus ríos, la fumigación, la imposibilidad de seguir manteniendo su forma de vida y su cultura. O se van o los matan. Como a los qom, como a nosotros, que si no nos vamos nos moriremos envenenados”.

La Alumbrera “destruyó puestos de trabajo, destruyó las economías regionales para que la única opción sea la minera”. Curiosamente, un informe publicado en La Nación el 19 de febrero de 2012 avala meticulosamente la certeza del pueblo catamarqueño. “Con exportaciones de cobre, oro, plata y molibdeno por 43.848 millones de pesos hasta 2010, la mina apenas emplea directamente a unos 100 vecinos de Andalgalá, que provee una ínfima parte de los productos que la mina consume” (SIC). 140.000 toneladas de cobre, 400.000 onzas de oro cada año se lleva La Alumbrera. Las deshidrata vía ducto en Tucumán y se la lleva en trenes propios para sacarla del país por el puerto de Santa Fe. En el camino va dejando su ruta envenenada, sus pueblos secos y las panzas vacías de la tierra. “En un sólo año facturó más de lo que invirtió para iniciar la producción de la mina”, dice el diario insospechable de cuestionamientos sistémicos. Mientras tanto, el estado catamarqueño sigue siendo el principal empleador y, a pesar de los espejismos mineros, un tercio de los andalgalenses está desocupado.

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La desaparición de Famatina y Andalgalá de las vidrieras mediáticas nacionales coincidió, sugestivamente, con el cerrado discurso presidencial a favor de la megaminería y a distancia abismal de los pueblos cordilleranos. De las gentes anónimas y lejanas que se juegan en los pies de los cerros los pulmones, la sangre, los pájaros. La vida. De a decenas de miles se la juegan mientras en las pantallas globales la represión a tinogasteñas con niños en sus brazos se reemplaza por la publicidad de la minería sustentable con la rúbrica de la Cámara Minera.

“No podemos aceptar que destruyan nuestros cerros para el consumo, para fabricar celulares que duran dos años. Hagamos tecnología que dure veinte años y no descartable. Nuestros bosques, nuestros ríos, nuestra cultura desaparece en función de que necesitamos un celular por año”, se atreve Juan José Rodríguez desde la voz resistente de El Algarrobo.

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Los pueblos y los cerros están en pie. Habrá que derrotar su propia historia para que el bisturí de los conquistadores les extirpe los minerales y la cultura. El espíritu diaguita vela el sueño del volcán dormido. Dicen que en la cintura del Ojos del Salado sobrevive una enorme mina de oro descubierta por los incas. La conquista cerró los sueños con llave de hierro y sembró los valles con la sangre de los diaguitas rebeldes. El cerro no lo perdonó. Mientras los muertos esperan pacientemente el amanecer de la libertad para volver a la vida, el que se atreve a tocar el oro de la mina sucumbe al viento blanco que estornuda el volcán. Que se cuiden las Barrik y las Osisko. Que en cualquier momento puede victorear el alba. Y otros serán los pájaros que canten.

jueves, 26 de abril de 2012

CHARLA - DEBATE

Historia de la Resistencia y de la Juventud Peronista

Viernes 27 de Abril - 19 hs.

Cervantes 50 - Capital Federal

Organiza: Agrupación LA OLMOS en el Frente PROYECTO NACIONAL

Por un proyecto nacional, popular y antiimperialista

¡Patria, trabajo y dignidad para nuestro pueblo¡

YPF: ¿Utilidad pública, deuda o salvataje?

por Héctor Giuliano

La sorpresiva intervención de YPF y el envío al Congreso del proyecto para expropiar las acciones de Repsol abren más interrogantes que aclaraciones en cuanto al sentido de las medidas adoptadas por el gobierno Kirchner.

El objeto de este breve trabajo es formular algunas observaciones y comentarios sobre este tema a la luz del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 530/2012 del Poder Ejecutivo y del Proyecto de Ley (PL) respectivo, así como sus informaciones conexas.

Ambos documentos contienen contradicciones, inconsistencias y/o desprolijidades que le pueden terminar costando muy caro al Estado Argentino.

Expropiación por utilidad pública

No están claras las verdaderas razones de urgencia de las medidas tomadas por el Ejecutivo frente a una grave situación de crisis energética que era conocida desde hace tiempo, que consultores y ex titulares de la Secretaría de Energía venían denunciando públicamente desde hace varios años y que el actual gobierno - hasta hace muy poco - venía negando o soslayando mientras apoyaba y elogiaba la gestión de la Empresa.

El Estado Argentino, a través de su participación accionaria, estaba perfectamente en conocimiento de la situación de la Empresa y el representante del Gobierno suscribía y avalaba todas las decisiones del Directorio de YPF sin expresar disidencias en contrario.

Por ende, el primer problema que se plantea es el de la inexorable co-responsabilidad de la Administración Kirchner en las irregularidades que denuncia contra Repsol como accionista mayoritario ya que las mismas fueron asumidas por todos los socios, incluido lógicamente el Estado Nacional.

Esto es particularmente cierto en lo tocante al problema de la infra-inversión en exploración de petróleo y gas, a la política de altos repartos de dividendos y a la gravedad del cuadro de situación energético provocado por YPF.

Por eso, independientemente de toda discusión sobre la validez de los argumentos oficiales y las medidas adoptadas en consecuencia, la actual Administración es co-responsable de las irregularidades que le imputa al grupo Repsol, ya que el representante oficial ante el Directorio tenía que estar forzosamente al tanto de lo que pasaba y además estaba suscribiendo sin disidencias las decisiones que hoy se le objetan al principal accionista.

La gestión de una política llevada a cabo por el Directorio de la Empresa no puede serle imputada exclusivamente a uno de los socios sino que es de responsabilidad colectiva de todos los que, como miembros, la avalaban.

También es importante y discutible el uso de un DNU para intervenir por parte del Estado una Sociedad Anónima - como es YPF - invocando los artículos 3 y 6 de la Ley 17.319 de Hidrocarburos, aún en los casos que mediaren incumplimientos de contrato en materia de producción y/o exploración; máxime cuando ya se estaba penalizando a la empresa por este motivo con el retiro de algunas áreas de concesión provinciales.

Pero el problema central - y probablemente más grave desde el punto de vista conceptual - estaría en la causal aducida para la expropiación de una parte de las acciones de Repsol en YPF por razones de “utilidad pública” (1) ya que tales razones no pueden aplicarse en forma genérica para los casos de expropiación sino que deben tener una justificación puntual y concreta (como puede ser, por ejemplo, el caso de una propiedad inmueble para trazar una carretera o destinar un espacio clave para la construcción de un puente). (2)

No tiene mucho fundamento expropiar una parte de las acciones de la empresa y a un solo socio (en este caso, el accionista mayoritario, quitándole el 51 sobre su total del 57.4 %) para elevar la participación del Estado al 51 % del Capital apelando a razones de “utilidad pública”.

Siguiendo tal razonamiento en relación al autoabastecimiento (que en este caso se aplica a una compañía que no produce la totalidad sino la mitad del petróleo nacional y el 44 % del gas) el criterio de intervención oficial pudiera ser extendido arbitrariamente a cualquier otra empresa del sector y/o de cualquier otro sector de la economía que se declare genéricamente de interés público.

Este planteo gubernamental conlleva así serias vulnerabilidades en el caso que Repsol - como ya lo ha anunciado - lleve adelante reclamos judiciales contra la Argentina ante el CIADI (el Tribunal de Arbitraje Internacional dependiente del Banco Mundial) apelando al Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) vigente entre nuestro país y España.

Por otra parte, es contradictorio acusar sólo a Repsol de “vaciamiento” de YPF - como lo hace taxativa, enfática y reiteradamente el PL del Ejecutivo - cuando, como dijimos, las responsabilidades por la gestión de la empresa son colectivas y alcanzan a todos los socios con representación en el Directorio, incluyendo al propio Estado.

Si Repsol incurrió en maniobras de vaciamiento - es decir, en delitos - sus directivos debieran ser denunciados ante la Justicia y no ser expropiadas parte (no todas) sus acciones invocando razones de “utilidad pública”.

Una de dos: delitos o razones concretas de interés público nacional debidamente fundadas.

Con el agravante que la palabra “vaciamiento” no existe como figura jurídica: su traducción legal sería Defraudación, pero el proyecto no hace referencia a este delito sino que utiliza la expresión “vaciamiento”, que sólo delata una forma de comportamiento no definido desde el punto de vista técnico jurídico.

Esto también supone una vulnerabilidad de planteo al ser aplicado este enfoque sólo contra Repsol cuando la distribución indebida de altísimas utilidades beneficiaba a todos los accionistas y cuando, como agravante, se sabía que dicho criterio había sido adoptado para favorecer, en particular, al grupo Eskenazi - ligado al gobierno Kirchner - para que pudiera pagar con dividendos los préstamos externos contraídos para comprar el 25 % de las acciones de YPF sin aportar dinero en efectivo.

Este conjunto de serias inconsistencias en la forma de fundamentar y de llevar a cabo la expropiación parcial de las acciones de Repsol en YPF no sólo deja dudas sobre la corrección del procedimiento seguido por el gobierno Kirchner sino también sobre las verdaderas motivaciones de su conducta.

La deuda de YPF


Actualmente - según el viceministro de Economía Kicillof - la Deuda total de YPF sería del orden de los 9.000 Millones de Dólares (MD).

De los Estados Contables al 31.12.11 surgiría que esta suma es algo menor - el equivalente de unos 8.300 MD (36.700 M$-Millones de Pesos) - pero ello no cambia el fondo de la cuestión, que es el alto endeudamiento de la empresa.

Notablemente, este importe de deuda hoy es casi el mismo que YPF tenía al momento de su privatización (1992) - 8.500 MD - y que el Estado absorbió porque la empresa fue vendida sin pasivos.

Este elevado pasivo de YPF significa que el Estado Argentino, con la expropiación ahora de las acciones de Repsol, pasa a ser el nuevo socio mayoritario, asume la responsabilidad principal por la conducción empresaria y hereda entonces el nuevo gran pasivo de YPF.

Una vez más - como ya ocurrió con la privatización menemista de la década del ´90 (que el entonces gobernador Kirchner y su esposa apoyaron) - el socio privado se desliga de sus obligaciones y el gobierno argentino se hace cargo de las deudas.

El Estado, que hasta ahora no tenía participación directa en la gestión empresaria de YPF y no era responsable de sus pasivos, pasa entonces a tener una triple carga de deuda propia en relación a la compañía: 1. La de la Deuda consolidada de la empresa (los 9.000 MD citados), 2. La del necesario financiamiento del Plan de Inversiones no cumplido bajo la gestión de Repsol (cuyas estimaciones primarias serían del orden de los 30.000 MD), y 3. El monto - a determinar - de la indemnización por la expropiación a Repsol.

Aunque se termine no pagándole nada a Repsol - como se ufanan algunos funcionarios del gobierno - los otros dos grandes rubros de deuda igual le quedan al Estado; y son mucho más elevados.

Este cambio es muy importante porque antes de esta medida de intervención de YPF y expropiación a Repsol, la Administración Nacional no tenía encima estos nuevos rubros de endeudamiento público pero ahora, en cambio, deberá incrementar sus pasivos del Estado. (3)

El Balance de YPF al 31.12.11 muestra además que el Pasivo Corriente (obligaciones hasta un año de plazo) es de 21.800 M$, contra un Activo Corriente de 14.100 M$, lo que denota que la empresa tendría, en principio, un problema de Liquidez que también deberá ser cubierto por el Estado.

Los vencimientos de deuda ya serían importantes este año por concepto de Obligaciones Negociables (ON) emitidas bajo la administración Repsol: 300 M$ en Diciembre (y 70 MD en Marzo de 2013), entre los más relevantes.

Dentro de los 21.800 M$ del Pasivo Corriente, 11.900 son Cuentas por Pagar y 8.100 pago de Préstamos; sin contar - desde ya - Deuda Contingente (por los reclamos de daños en el Medio Ambiente y otros).

Todo esto implica que las medidas anunciadas por la presidente Cristina Kirchner el 16.4 pasado suponen para el Estado Nacional la asunción de una fuerte carga de endeudamiento adicional que hasta hoy no se tenía.

Desde el punto de vista económico-financiero tal comportamiento del Gobierno - independientemente de la forma en que es presentado ante la Opinión Pública - releva a Repsol YPF de afrontar un grave cuadro de situación financiera que tendrá que ser cubierto con más deuda y cuyo peso se transfiere ahora al Estado Nacional.

Un salvataje a REPSOL

Lo dicho en el párrafo anterior abre un interrogante muy serio acerca de los efectos financieros concretos de la decisión gubernamental sobre YPF.

Ello implica reflexionar sobre si esta mayúscula nueva carga financiera que pasa al Estado Central - más allá de todo lo que se diga ante la Opinión Pública - no constituye en realidad una forma de salvataje práctico a la empresa Repsol desligándola del peso de estos grandes compromisos, que le eran imposibles de cumplir por sí misma.

La urgencia en la intervención de YPF y la simultánea estatización de las acciones de Repsol presenta un esquema dudoso y muy discutible.

La presidenta - en su discurso del lunes 16.4 - dijo que regresó antes de la Cumbre de las Américas de Cartagena de Indias, Colombia, “porque tenía que estar aquí en la República Argentina a primerísima hora” para firmar el DNU y el proyecto remitido al Congreso.

Dado que - como hemos explicado al comienzo de esta nota - el grave problema de arrastre de YPF era conocido desde hace tiempo por las autoridades e incluso que había sido agravado financieramente por el propio gobierno (caso de su gestión a favor del grupo Eskenazi para aumentar la participación accionaria del mismo con deuda externa y privilegio de pago de esas deudas con dividendos extraordinarios) el verdadero motivo de la urgencia correspondería evidentemente a otras razones. (4)

El mismo PL da en sus Fundamentos una pista del problema. En su acápite IV - titulado “La carta autoincriminatoria del Señor Brufau” - se relatan las gestiones de Repsol inmediatamente previas a la crisis que llevó a la estatización de sus acciones por parte del gobierno Kirchner.

En carta a la presidenta del 2.4.12 Brufau - según el texto del proyecto de ley - le dice que Repsol no se encuentra en condiciones de poder implementar el Plan de Inversiones de YPF porque carece de capacidad para financiarlo.

Los primeros cinco años de ejecución del plan demandarían inversiones por 30.000 MD (6.000 MD por año) y Repsol sólo podría cubrir aproximadamente la mitad de las mismas.

Ergo, la alternativa ofrecida por Brufau - siempre según el texto del PL - era buscar “Asociaciones para ceder parte de su participación en las concesiones … a empresas e inversores nacionales e internacionales … con el objeto de obtener la financiación necesaria para la ejecución del Plan” decidiendo en cada caso “quién será el operador”.

Incluso sostenía que “las Provincias y el Estado Nacional podrían tomar una participación en la inversión en cada campo”.

Es, poco más o menos, lo mismo que luego hace la presidenta pero desposeyendo a Repsol de su participación y, en consecuencia, de su armado del negocio.

Aquí es donde el gobierno Kirchner le reprocha, con razón, que el “principal causante de la situación” se ofrezca como “salvador” de la situación de crisis de YPF que generó a través de su gestión.

Esto era particularmente grave porque Brufau confesaba que “YPF ya tiene avanzadas negociaciones con significativos ofertantes que representan compañías internacionales” para ello.

Todo esto está corroborado por informaciones periodísticas con base bastante en firme: Repsol YPF - España estaba por cerrar la venta de todo o parte de sus acciones a la petrolera china SINOPEC GROUP (que es una Empresa del Estado) pero simultáneamente se estaban dando pasos aquí, en Argentina, para posicionarse financieramente por parte de otras compañías, como el caso de la compra del 50 % de las acciones de Bridas (familia Bulgheroni) por parte de otra petrolera china, la CNOOC (también Empresa del Estado) por 3.000 MD, (5) con miras a poder participar en YPF en el futuro.

También manifestaron interés para entrar en el replanteo de las asociaciones y/o contrataciones de YPF otras grandes firmas internacionales, como Exxon, Total y Petrobras; como asimismo compañías de contratistas y servicios.

En síntesis, que la decisión de intervención y expropiación de las acciones de Repsol se produce en un momento clave de la toma de decisiones de la Empresa, de modo que la acción de la administración Kirchner habría frustrado que sea la propia Repsol la que manejara el negocio de su redistribución accionaria, reservando tales decisiones al gobierno argentino.

Una maniobra de este tipo - el bloqueo de negociaciones indebidas por parte del accionista mayoritario - sería legítima por parte de las autoridades para impedir que sea la misma empresa que fue la principal causante de la crisis de YPF la que decida sobre el replanteo de los negocios accionarios bajo su gestión.

Pero el avance de esas negociaciones unilaterales de Repsol podía ser desautorizado oportunamente por el gobierno argentino sin necesidad de expropiar las acciones de la firma en YPF ya que el Estado disponía no sólo de la “acción de oro” sino de todos los mecanismos de contralor interno y externo que necesitare aplicar para impedir maniobras de esta naturaleza.

Máxime cuando está imputándole a Repsol delitos de “vaciamiento” de YPF, por los que se supone puede llevar a sus directivos ante la Justicia.

Con el agravante que al optar por la expropiación el gobierno altera la categoría del problema - llevándolo del Gerenciamiento a la Estructura Societaria - se carga con la gravísima situación económico-financiera de la empresa y apela a un procedimiento vulnerable debido a su co-responsabilidad en la crisis que dice motivar su intervención.

La clave residía en la Intervención sin Expropiación: YPF pudiera y debiera ser intervenida pero sin expropiar, al menos de inmediato, las acciones de Repsol; porque esta expropiación libera a Repsol de la carga financiera que le deja al Estado Argentino, aunque éste no le indemnice un centavo.

Ahora, en cambio, la administración Kirchner se reserva el manejo exclusivo de los próximos pasos de YPF pero lo hace cargando con el peso de los pasivos heredados y de las deudas a contraer en el futuro.

Y lo hace en una forma poco transparente y controlable, amparándose en la discrecionalidad y ausencia de control sobre sus actos dado que la empresa sigue bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima (6), sujeta a la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales y sin estar supeditada al contralor de los organismos del Estado (como la SIGEN y la AGN).

Esto independiza a la administración Kirchner - una vez más - de los mecanismos formales de supervisión y control sobre sus acciones de gobierno dejándole las manos libres para reformular el plan de grandes negocios después de la frustrada gestión de Repsol YPF, de la que fue co-responsable directo.

En definitiva: la intervención y expropiación parcial de las acciones de Repsol - que permanece como accionista minoritario de la empresa con un 6 % del Capital (7) - implica un cambio en el gerenciamiento de la empresa, que oficialmente estaba a cargo del CEO Sebastián Eskenazi Storey y que ahora pasa bajo dirección directa de los funcionarios interventores del gobierno; pero también - y esencialmente - un cambio de mano en la composición accionaria de la compañía, que ahora pasa a ser de mayoría estatal, asumiendo el Estado el peso de la crisis de YPF. (8)

Esto significa que, de ahora en más, será el Estado Argentino el que tendrá que hacerse cargo de la muy delicada situación financiera de la Empresa, atendiendo fundamentalmente al macro-endeudamiento necesario para poder replantear sus actividades.

El gobierno podrá mantener su composición societaria de mayoría estatal - 51 % del Capital, subdividido a su vez en 51 % Nación y 49 Provincias Petroleras - asociándose a nuevos operadores (caso de joint ventures) o bien volver a vender parte de su nuevo paquete accionario, pero la responsabilidad central seguirá estando en manos del Estado.

Desde el punto de vista de las Finanzas Públicas este manejo de la crisis de YPF implica traspasarle así al Fisco el peso de los pasivos de la empresa y la carga por desinversión en actividades de exploración petrolera que supondrá grandes endeudamientos futuros.

Y todo esto relativizando el alcance de las culpas de Repsol por administración fraudulenta, que debiera haber sido no sólo el motivo de la intervención del Estado sino de las acciones judiciales pertinentes: sin necesidad de expropiación de las acciones.

En conclusión:


Por qué la idea de “salvataje” y a quién se estaría salvando o, al menos, liberando de sus compromisos incumplidos?

Un balance primario de los hechos concretos permite intuir o sospechar un salvataje, pero un salvamento encubierto con escenificación de las partes:

1. El gobierno Kirchner presenta la expropiación como una “nacionalización” de la empresa y una muestra de Soberanía Nacional en materia de hidrocarburos mientras absorbe el triple pasivo nuevo por la deuda acumulada de YPF, por el futuro financiamiento del plan de inversiones incumplido por Repsol y por los eventuales montos de indemnización a pagarle.

2. Repsol se victimiza como compañía perjudicada cuando, en realidad, después de haberse llevado dividendos que sobrepasan su inversión por la compra original le traspasa la carga financiera por la deuda y el plan de inversiones al Estado Argentino; y todavía le reclama una indemnización que - desde el frio punto de vista de la Ley - pudiera llegar a corresponderle dada las serias vulnerabilidades del DNU y el PL del Ejecutivo. Y

3. El grupo Eskenazi - tradicionalmente favorecido por la administración Kirchner y fundadamente sospechado de manejarse con los negocios de la familia gobernante - no sólo no es alcanzado por las graves denuncias oficiales directas sino que además pudiera salir indemne de su propia irresponsabilidad por la compra de acciones con deuda.

En síntesis: que la intervención de YPF y la consiguiente expropiación de las acciones de Repsol tendría en los hechos un sentido muy diferente de la versión oficial si se la mira desde el punto de vista financiero fiscal.

Y que la Intervención de la empresa puede y debe hacerse pero sin Expropiación.

La gran mayoría de la partidocracia con representación parlamentaria, sin embargo, se apresta a convalidar esta línea de acción irregular, discrecional y financieramente gravosa elegida por el gobierno Kirchner: una línea de acción que implicaría, en la práctica, un salvataje o liberación de Repsol YPF.

Notas:
1) El PL habla de “interés público nacional” para referirse al objetivo prioritario de autoabastecimiento de hidrocarburos y de “utilidad pública” cuando se refiere a la expropiación de las acciones de Repsol YPF SA.
2) El artículo 17 de la Constitución Nacional (CN 17) - que prohíbe la Confiscación - establece que la Expropiación por causa de utilidad pública tiene que ser establecida por Ley y previamente indemnizada.
La ley 21.499 de Expropiaciones - que es del año 1977 (dictada por el Gobierno Militar) - especifica que si no hay acuerdo de las partes sobre la indemnización el Estado deberá seguir la vía judicial y es el juez quien fijará el monto de la misma.
3) El Presupuesto 2012 autoriza en materia de Deuda Pública - además de 11.700 MD más de Deuda en cabeza de la Administración Central - la contracción de otros 28.000 MD de Deuda Indirecta, es decir, nueva deuda que corresponde a Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios.
Estas nuevas deudas son avaladas por el Tesoro, que se transforma así en el garante de última instancia para el pago de las deudas tomadas por las distintos Entidades Nacionales.
4) La familia Eskenazi - a través del Grupo Petersen - compró su parte de las acciones de YPF por presión directa del gobierno Kirchner ante Repsol y lo hizo en dos tandas: el 14.9 % en 2008 y el 10 % en 2011; logrando así un total de prácticamente el 25 %.
Ambas compras fueron hechas sin aporte de capital propio - sólo se desembolsaron 100 MD - ya que las mismas fueron financiadas con préstamos garantizados por las acciones que se compraban:
- En 2008, con un crédito de 1.018 MD dado por un grupo de bancos liderado por el Credit Suisse y del que formaban parte Goldman Sachs, BNP Paribas y Banco Itaú Europa; y el resto financiado por Repsol, que era el vendedor de esa cuota-parte de sus acciones. En total, 2.235 MD.
- En 2011, con otro préstamo consorciado, de 670 MD otorgado por los Bancos Itaú, Santander, Standard Bank, Credit Suisse y Citi; y otros 670 financiados por Repsol.
El saldo de la deuda de Eskenazi por estos dos préstamos sería hoy del orden de los 3.000 MD.
Las dos operaciones se pactaron a través de Petersen Energía, una empresa del grupo con sede en Nueva Zelandia, de modo que las obligaciones figuran así como deuda externa de la empresa.
En ambos casos, se pactó que los servicios de estas deudas serían pagados por el grupo Eskenazi con dividendos futuros a percibir por sus acciones en YPF merced a la disposición aceptada por el gobierno Kirchner de distribuir altísimas utilidades de la empresa que posibilitarían este cumplimiento, pese a que ello se hacía restando fondos al plan de inversiones vía reinversión de ganancias.
De allí que imputar hoy solamente a Repsol por una política de “vaciamiento” debido al retiro masivo de utilidades mientras se incumplían los programas de inversiones en exploración es, cuando menos, una acusación incompleta porque todos los accionistas se beneficiaron proporcionalmente de dicho “vaciamiento”, y el grupo Eskenazi - tradicionalmente favorecido por el gobierno - en primer lugar.
Dicho con otras palabras: que la política de distribución excesiva de dividendos, con el consiguiente incumplimiento de los planes de inversión de YPF fue conocida, aceptada e incluso inducida por el propio gobierno Kirchner para favorecer la operación de compra del grupo Eskenazi.
5) Artículo de Diego Cabot en La Nación - Suplemento Económico del 22.4.12 - y noticias periodísticas conexas.
6) Tanto la presidenta en su anuncio como el texto del PL ponen especialmente de relieve esta independencia jurídica de YPF como Sociedad Anónima, no sujeta a los controles de los organismos de supervisión directa de las Empresas del Estado.
7) La nueva estructura accionaria de YPF es la siguiente:
51.0 % Estado Argentino (51 % Nación y 49 % Provincias Petroleras).
24.4 % Grupo Petersen-Eskenazi.
5.8 % Lazard Asset Management (relacionada con la Banca Rothschild).
4.8 % Eaton Park Capital (un Fondo de Inversiones creado como desmembramiento de Goldman Sachs).
5.9 % Inversores no identificados.
2.0 % Cotización en Bolsa de Buenos Aires.
6.1 % Repsol (que reiteradamente ha sido asociada a la compañía británica British Petroleum).
El cambio producido en esta composición del capital de YPF afecta sólo las tenencias accionarias de Repsol, que pasa del 57.4 % al 6.1 %; es decir, que baja la participación de Repsol y aumenta en igual medida la del Estado. El resto de los accionistas permanece con la misma proporción de acciones.
Esto involucra especialmente al grupo Eskenazi, que a través de Petersen mantiene su 25 % del capital de YPF.
8) La última integración del Directorio de YPF era la siguiente:

Presidente: Antonio Brufau Niubó

Vicepresidente del Directorio: Enrique Eskenazi

Gerente General (CEO) Vicepresidente Ejecutivo: Sebastián Eskenazi Storey

Subgerente General Director Adjunto al CEO Director General Repsol Argentina: Antonio Gomis Sáez

Directores Titulares:
Roberto Baratta (representante oficial del gobierno Kirchner en el Directorio)
Aníbal Guillermo Belloni
Mario Blejer
Carlos Bruno
Carlos de la Vega
Matías Eskenazi Storey
Salvador Font Estrany
Federico Mañero
Javier Monzón
Miguel Ángel Devesa
Luis Suárez de Lezo
Mario Vázquez
Raúl Cardoso Maycotte

Directores Suplentes:
Alejandro Diego Quiroga López
Alfredo Pochintesta
Tomás García Blanco
Fernando Dasso
Carlos Jiménez
Carlos Alfonsi
Ángel Ramos Sánchez
Ezequiel Eskenazi Storey
Mauro Renato José Dacomo
Ignacio Cruz Moran
Eduardo Ángel Garrote

Después de la reciente intervención oficial obviamente esta composición del Directorio de YPF está siendo modificada y se formalizará en la primera asamblea que se realice al efecto.
La fusión político-económica, la nueva regla del capital globalizado

por Homar Garcés

La fragilidad del sistema económico capitalista a nivel global se hace cada vez más notoria a medida que la crisis de los países de Europa se asemeja mucho a la sufrida durante las últimas décadas del siglo XX por los países periféricos, entre éstos los de nuestra América. Así, la actual inseguridad laboral, con sus efectos colaterales, patentizados en elevados porcentajes de familias con ingresos económicos inestables o inexistentes, además de mayor delincuencia, dan cuenta del caos social producido por las imposiciones del capital globalizado.

De esta forma, muchas personas a nivel mundial han descubierto que, entre la producción social y el consumo social, se encuentra la explotación capitalista como elemento único y característico de la sociedad humana en general. Esto ha generado en mucha de la gente afectada la convicción que el capitalismo es absolutamente criminal y depredador, implantándose en ella la necesidad de remplazarlo decididamente por un modelo alternativo que centre sus objetivos en el bienestar colectivo y no en el de un reducido número de personas.

Para el capitalismo neoliberal o globalizado, la idea de un proyecto nacional es interpretada como un obstáculo a la libre expansión y control del mercado internacional que debe eliminarse a cualquier costo, desatando la guerra, incluso, bajo argumentos infundados, sin base alguna. Por tal motivo, le resulta más práctica la efectividad de gobiernos que actúen como gestores de su voluntad e intereses que la acción de un Estado nacional esgrimiendo su soberanía. Ahora, el capitalismo neoliberal o globalizado ha establecido una nueva modalidad en su estrategia de dominio mundial, tímidamente asomada en la década de los noventa del siglo pasado, pero que ha pasado a ser una regla de primer orden en el presente siglo: la fusión político-económica, es decir, el intercambio de roles políticos y empresariales. Dicha fusión político-económica pone su interés central en las ganancias del capital más que en crear condiciones de vida digna para la población que gobierna.

De esta manera, las grandes corporaciones transnacionales tienen un mayor control de la economía mundial y se aseguran, al mismo tiempo, el fiel cumplimiento del recetario impuesto por el Fondo Monetario Internacional para minimizar el impacto de las crisis provocadas por sus ambiciones y obtener los pagos puntuales de las naciones endeudadas; lo mismo que el respeto de los tratados bilaterales de libre comercio, de promoción y de garantía de las inversiones extranjeras. Algo que, incluso, comienza a manifestarse y a extenderse en los diferentes órganos que conforman la Organización de las Naciones Unidas, llegando a “coincidir” con las sugerencias, expresamente neoliberales, hechas por dichas corporaciones. Esto último explica el por qué la ONU legitima y es tan flexible con las acciones saqueadoras de gobiernos dominados por el gran capital en contra del derecho internacional y de la autodeterminación de los pueblos, violando así su propia acta constitutiva.

miércoles, 25 de abril de 2012

YPF: Giro de 180 grados

por Félix Herrero

La prédica del Grupo Moreno contra las privatizaciones y la realidad que demuestra que el camino señalado era el correcto.

YPF viene haciendo todo lo contrario de lo que hay que hacer. Las privatizaciones fueron un desastre que nos llevaron al precipicio en el que estamos ahora. Se nos dijo que iban a aumentar las reservas, que tendríamos 35 años de reservas de gas, 16 años de petróleo. Ahora, tenemos cinco años en ambos casos. Se nos dijo que íbamos a bajar los precios de los combustibles: en 2008 se firmó un acuerdo entre Repsol S.A e YPF por el cual entraban los Eskenazi a la argentinización si aumentaban los precios de los combustibles. Además, hicieron introducir que el noventa por ciento de las utilidades se distribuyeran. Se nos dijo que íbamos a exportar gas y petróleo: hoy en día perdimos el autoabastecimiento y el año pasado se importó por gas natural, crudos y combustibles más de 9.350 millones de dólares. Es decir, el superávit de la balanza comercial argentina se fue en la compra de petróleo, y este año el cálculo es que se va a importar por estos mismos ítems algo así como catorce mil millones de dólares -mucho más de lo que vale YPF como empresa.

Entonces, hubo caída de reservas, aumento de precios, perdimos el autoabastecimiento, que es un bien carísimo en el mundo; el país que no puede autoabastecerse está en una situación internacional muy débil, no puede tener una política internacional independiente y rigurosa a favor de su pueblo porque está dependiendo de una materia prima estratégica en todo el mundo. Y el petróleo, a partir de las privatizaciones, dejó de ser un bien estratégico.

Todo ese panorama sombrío es la desembocadura de las privatizaciones, a las cuales nosotros, desde el Grupo Moreno, venimos oponiéndonos desde hace mucho tiempo. Se nos acusaba de catastróficos y apocalípticos, y la realidad demostró que no es así.

Hay que hacer todo lo contrario de lo que se hizo. Si se privatizó, hay que estatizar; si se cayeron las reservas porque no hubo inversión, hay que obligar. Y no sólo a YPF, sino a todas las empresas petroleras que están en la Argentina, a que no remitan utilidades y reinviertan en el territorio argentino, como hizo Putin en Rusia, que hoy es el primer extractor de gas en el mundo y el primer vendedor de gas a Europa.

Por otro lado, hay que discutir el tema de la provincialización, que es un invento menemista hecho para enriquecer cajas provinciales y a las empresas públicas o privadas, pero es un muy mal negocio para el país. La Argentina debe tener un frente unido común en que participen la nación y las provincias, pero que sea llevado por el Estado nacional. Toda esta situación está demostrando el fracaso de una política: hay que dar un giro de 180 grados en lo que se hizo en los últimos años.
Ya son 169 los muertos por la subestación Sobral en Ezpeleta
Con el fallecimiento de Sabrina (31), una joven que enfermó de leucemia a los 15 años, algunos años después de ponerse en funcionamiento la subestación eléctrica que transforma 132.000 voltios, a 100 mts de donde vivía, suman ya 169 los muertos debido a la presencia de la subestación. Así lo denunció mediante un comunicado, la Unión de Asanbleas Ciudadanas (UAC).-

Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa

El electromagnetismo enferma y mata
Ya son 169 los muertos por la subestación sobral en Ezpeleta

Los vecinos de la subestación SOBRAL de Ezpeleta despiden a SABRINA, una joven que enfermó de leucemia a los 15 años, algunos años después de ponerse en funcionamiento la subestación eléctrica que transforma 132.000 voltios en PLENO BARRIO, a 100 mts de donde vivía Sabrina hasta el 13 de abril pasado en que sus amigos, familiares y vecinos le dieron su ultimo adiós.
El electromagnetismo es inoloro, incoloro es insípido.....invisible, lo cual lo hace aun más letal. Hay otras fuentes de contaminación que son alertadas por la población por sus olores o ruidos, pero ésta la de los campos electromagnéticos, no se siente más que cuando ya se metió en el cuerpo y cuando muchas veces ES TARDE.
Desde hace décadas los vecinos de SOBRAL reclaman a la Justicia por el cierre de esta subestación y su traslado a zonas no pobladas, y mientras la Justicia decide si los campos electromagnéticos dañan o no la salud, los vecinos siguen enterrando a sus familiares.
HOY ES SABRINA, de 31 años, que desde los 15 luchaba contra una leucemia linfática aguda, enfermedad que la propia OMS reconoce como una de las que se duplica el riesgo de ser contraídas por quienes están expuestos en forma prolongada a elevados campos electromagnéticos. Ese fue el caso de SABRINA que vivía a una cuadra de la esquina de calle Padre Bruzone y Rio salado, de Ezpeleta, Partido de Quilmes. Su testimonio y las fotos de su cuerpo con las marcas de la enfermedad que la obligó a varios trasplantes, están plasmadas en el libro 132.000 voltios realizado por las periodistas Silvina Heguy y Eugenia Cerrutti, bajo el nombre de 132.000 y publicado en 2006.
Sabrina es la número 169 de los vecinos muertos de cáncer y leucemias en los 500 metros que rodean la subestación, y están atravesados por su cableado, desde que se puso en funcionamiento eso que la gente del lugar llama "Máquina de muerte"..
No hace falta ser expertos en estadísticas para darse cuenta que 136 muertos y 122 enfermos, en 700 viviendas, es un número elevado de enfermos. En una población de 2800 personas más de un 10% se enfermó de cáncer, a los que se suman enfermos de afecciones respiratorias, trastornos del sueño y demás patologías que se enumeran por estudios nacionales e internacionales entre las producidas por los campos electromagnéticos.
Los vecinos de Berazategui, aledaños a la Subestación Rigolleau, obra que está terminándose en estos días, y que pretende transformar la misma cantidad de voltios que SOBRAL, están HOY en pie de lucha pidiendo el traslado a zonas no pobladas. Pero a pesar de que hace 8 años que pelean por esto, y que hermanados con los vecinos de Ezpeleta denuncian pública y judicialmente estos casos, aun hoy SON INVISIBLES para el gobierno, tan invisibles como el electromagnetismo.
¿CUANTOS vecinos más deberán morir para que los GOBIERNOS (nacional, provincial y municipal) actúen en defensa del derecho humano básico que es la VIDA?.
SABRINA no era invisible y nosotros tampoco, por eso decimos TRASLADO YA de la SUBESTACIONES RIGOLLEAU y SOBRAL a zonas NO POBLADAS!
NI UN PIBE MENOS!
No es progreso si el precio es la vida de la gente!
- Vecinos Autoconvocados por la VIDA de Berazategui
- Foro por los derechos de la Infancia, Adolescencia y Juventud de Berazategui.
- Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente.


Teléfonos de contacto: 155 658 9858 / 154 034 6303

Comisión Prensa y Comunicación
UAC Unión de Asambleas Ciudadanas
Por el desprocesamiento de Jerónimo Altschuler

Jerónimo Altschuler, uno de los referentes del Frente de Organizaciones en Lucha y de la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestionados y Precarizados (A.G.T.C.A.P), se encuentra procesado desde el 28 de marzo pasado, acusado de "acciones amenazantes que tienen carácter coactivo y ejercen presiones que atentan contra el normal funcionamiento de los organismos públicos". Reproducimos petitorio exigiendo su desprocesamiento.

Buenos Aires, 23 de abril de 2012.-

Judicialización contra las cooperativas autogestionadas

Petitorio por el desprocesamiento de Jerónimo Altschuler

Los abajo firmantes queremos manifestar nuestro repudio a la persecución política que sufre Jerónimo Altschuler, uno de los referentes del Frente de Organizaciones en Lucha y de la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestionados y Precarizados (A.G.T.C.A.P).
Nuestro compañero
De acuerdo a lo que aparece en la causa, Jerónimo Altschuler es denunciado por nada más y nada menos, que el Secretario de Empleo ENRIQUE DEIBE por "acciones amenazantes que tienen carácter coactivo y ejercen presiones que atentan contra el normal funcionamiento de los organismos públicos". Bajo estos términos resulta ser entonces, que miles de trabajadores sin patrón cuyo salario no se acerca ni al mínimo vital y cuyos derechos laborales son hace años postergados, son una amenaza para el normal funcionamiento de inacción de este organismo público.

De esta manera corroboramos que desde las máximas autoridades del Ministerio de Trabajo en lugar de brindarnos una solución a nuestro reclamo de continuidad en la línea 1 del PTA, nos incian causas judiciales para evitar las demandas de nuestro sector.

Cada semana nos encontramos con nuevos casos de criminalización de la protesta a lo largo de todo el país. Cada vez son más duros los métodos represivos hacia los trabajadores y el pueblo por parte de las distintitas fuerzas de seguridad del Estado, y siempre en detrimento de los abajo y en beneficio de unos pocos.
A poco tiempo de aprobada la nueva Ley Antiterrorista, impulsada desde este gobierno y luego de las denuncias por espionaje a militantes contra gendarmería, a través del Proyecto X; hoy siguen intentando, más que nunca, hostigar y disciplinar a todos aquellos que peleamos por trabajo, vivienda, salud y educación, a todos aquellos que luchamos por nuestros derechos, contra la explotación y las distintas formas de opresión.

Hacemos responsable a las autoridades del Ministerio de Trabajo, al Ministro Carlos Tomada y al Secretario de empleo Enrique Deibe de querer criminalizar a las cooperativas que desde el año 2001 a esta parte, hemos defendido y generado puestos de trabajo para los sectores más postergados de nuestro país.

Hace más de diez años que venimos luchando por condiciones dignas para trabajar y por recuperar nuestros derechos sociales y laborales , sin embargo la respuesta estatal que recibimos es el inicio de causas judiciales a nuestros delegados.

La causa contra Jerónimo Altschuler actualmente se encuentra en la Fiscalía Federal N 4 a cargo de Carlos Stornelli.

Exigimos el desprocesamiento de nuestro compañero Jerónimo Altschuler, así como el de todos los compañeros y compañeras procesados/as por luchar, que ya sumamos más de 5.000. Llamamos a salir a las calles a denunciar los métodos represivos que acompañan el ajuste y la precarización de la vida en beneficio de los sectores empresariales.

Sabemos que el único camino para construir un verdadero cambio social es la lucha, y ese camino no lo hemos de resignar.

Contactos:

Marianela Navarro: 11 55 84 76 42

Leandro Pintos: 11 55 84 76 57
Prensa Unión de Asambleas Ciudadanas Informa

Comunicado de Prensa

Asamblea de Autoconvocados/as de Tinogasta


Estado de situación actual

Tinogasta 21 de abril de 2012

En el marco de la lucha que lleva adelante la asamblea de Tinogasta en contra del saqueo y la contaminación, como es de público conocimiento desde el 29 de enero pasado, los compañeros de dicha Asamblea mantienen intervenido el Paso Internacional San Francisco con un bloqueo selectivo que constituye la medida de acción directa que imposibilita el transporte de insumos mineros provenientes de Chile. En este contexto el Gobierno Provincial y Nacional atendiendo los intereses económicos de las empresas mineras, pretende con diferente tipo de acciones liberar la ruta.

Una de las medidas, que en su desesperación, adopta la dirigencia política de la provincia es mandar a los integrantes de la Corte de Justicia de Catamarca a la localidad de Tinogasta con una clara misión intimidatoria la cual se evidencia en las declaraciones vertidas por el presidente de la Corte José Ricardo Cáceres, quien en una conferencia de prensa realizada a los medios locales realizó comentarios irrespetuosos y desafortunados, entre ellos -“ Ya teníamos acordado sacar un Protocolo de Actuación no solo en el caso puntual de Tinogasta, sino para toda la Provincia, sobre todo donde hay estos choques de derechos, para que quede claro los derechos que tienen los que protestan y pero que también hay otras personas que tienen derecho a ejercer una industria lícita, a transitar etc.etc, por lo que hay que tratar de mejorar una convivencia entre esos grupos, ahora en última instancia para lograr el ejercicio del derecho a transitar o ejercer la industria lícita hay que ordenar el despeje de la ruta, no va haber ningún problema, pero con la prudencia del caso y con la debida información necesaria que se pueda tener” – “No se puede dar un día concreto, pero si se debe solucionar en lo inmediato, la oportunidad va a quedar en manos de la autoridad administrativa, es decir la Fiscal va a dar la orden y el Juez va a decir Sres.: Utilicen la fuerza, protejan a los menores, a la gente, pero la oportunidad del día, la hora y los medios a utilizarse en el caso que si se utilizarán perros, camiones hidrantes, gases, gomas, todo para lograr el objetivo, hasta la persuasión con la presencia de los propios funcionarios, las van a dar ellos, no pretendemos que se repita nada de lo que paso, se les explicará que esto es intolerable, la gente está sufriendo, los comerciantes están perdiendo dinero, es decir buscar por esa vía la solución, pero si no la hay, deberá utilizarse la fuerza como siempre lo hace la justicia en casos necesarios, la fuerza es parte del derecho para hacerlo cumplir, la cuestión es simple y no debe exagerarse”

Estas declaraciones no hicieron más que agrandar la brecha entre el legítimo reclamo del pueblo de Tinogasta y el gobierno de la provincia. También le debemos a estas declaraciones y a este accionar por parte de la Justicia Provincial a los hechos recientes sucedidos en la tarde de ayer, circunstancia en la cual cuatro camiones de la empresa Tamarugal escoltados por una camioneta decidieron arremeter contra el bloqueo haciendo peligrar la vida de los asambleístas, como así también la de los habitantes de Tinogasta que pudieran atravesarse en su camino en su loca carrera a 130 km/h. Una vez hubieron pasado el bloqueo y dejado atrás el pueblo de Tinogasta se encontraron con el bloqueo selectivo que se estaba formando en inmediaciones del Río de la Troya, sobre ruta 60 agrediendo también de manera mas contundente a dos asambleístas, en esas circunstancias el conductor de la camioneta que servía de escolta valiéndose de una piedra rompió el parabrisas del auto de uno de los dos compañeros que se encontraban en el lugar, además de agredirlo en toda forma y amenazarlos.

Inmediatamente los asambleístas agredidos radicaron la denuncia en la dependencia policial de Tinogasta, de igual manera en la comisaría de Fiambalá los agresores hicieron lo propio esgrimiendo mentiras y falsedades.

Desde la Asamblea de Tinogasta esperamos que de una vez por todas la Justicia actué y se declare realmente independiente del Poder Político. Pero realmente depositamos nuestra confianza en las voluntades de todos y cada uno de los habitantes del Departamento de Tinogasta que han decidido y se han expresado claramente en contra de la megaminería en la provincia.

Los pueblos unidos reafirmamos, Fuera Bajo La Alumbrera y las empresas mineras que operan en el Dto. de Tinogasta, Nunca jamás Agua Rica, ni una mina más.


¡NO PASARÁN!


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martes, 24 de abril de 2012

Corte de ruta de desocupados petroleros
Cansados de esperar por puestos de trabajo petrolero, ante el corte de los subsidios de 1.500 pesos, y ante los anuncios sobre YPF y la anunciada reactivación petrolera.

A las 5 de la mañana de hoy (23/4/12) comenzó el corte de la Ruta 3 y Ruta 26, paralizando el acceso del transporte petrolero a los yacimientos de El Tordillo (Tecpetrol), El Trebol (YPF), Pampa del Castillo (Sipetrol) y Cerro Dragón (Pan American) por parte del Movimiento de 80 Desocupados que en mayo del 2010 estuvieron 18 días en el reclamo, fruto del cual se consiguió un acta que garantizara conseguir trabajo en yacimientos petroleros.

Han recibido la solidaridad de la comunidad, de los trabajadores petroleros en actividad, y de organizaciones como la CCC, el PCR, el Centro de Estudiantes de Humanidades y la ATECH Regional Sur.

La policía provincial del gobernador kirchnerista Martín Buzzi, en forma amenazante anunció la represión, al justo reclamo de los compañeros desocupados, para desalojarlos de la ruta. Repudiamos la regresión y nos solidarizamos con la justa lucha de los trabajadores. Si hay reactivación petrolera con YPF como se viene anunciando, más que nunca:¡Basta de despidos! ¡Puestos de trabajo en yacimientos para todos!

firma:
Corresponsal la olmos
Explotó la crisis de la yerba: Vuelven los cortes de rutas en Misiones

Una polémica resolución del Ministerio de Agricultura establece que los productores deben afrontar el pago del 21% del IVA. De esta manera, las empresas ya comenzaron a trasladar el costo bajando los precios. El próximo miércoles se definirán las medidas de fuerza.
El gobernador Maurice Closs solicitará un pedido de audiencia a Noberto Yauhar.


En las últimas horas se recalentó notablemente la crisis de la yerba mate debido a una polémica resolución del Ministerio de Agricultura que establece que el aumento de precios concedido a los productores contempla el IVA del 21%.

De esta manera, los yerbateros denuncian que no se está cumpliendo el acuerdo de precios firmado con el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, que llevó el precio de la hoja verde a 1,70 $/kg y el de la canchada a 6,90 $/kg.

"El Gobierno nacional y las empresas están incumpliendo con su palabra porque estamos cobrando 1,35 $/kg la hoja verde y 5,70 $/kg la canchada; es una falta de respeto total al productor", manifestó Clarisa Rodríguez, dirigente de Federación Agraria de Misiones.

Así las cosas, según pudo saber este medio, el próximo miércoles se realizará en la localidad misionera de Apóstoles una asamblea de productores en la que se decidirá iniciar medidas de fuerza que incluirían cortes de rutas, manifestaciones y hasta un posible cese de comercialización.

Asimismo, Enrique Kuzco, representante de los productores en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), aseguró que la medida es ilegal "dado que la legislación establece que la yerba canchada y hoja verde son materia prima, por lo que no se aplica el IVA".

"Esta situación inquieta al productor, al tarefero, a todos, ya que, como siempre ocurre, buscaron la vuelta para afectar al más débil de la cadena productiva", apuntó el representante de los productores yerbateros.

"En laudos anteriores nunca se aplicó este impuesto al productor; jamás se habló del IVA", señaló Kuzco, para luego mencionar que "la Ley es bien clara y no vamos a tolerar que se avasallen nuestros derechos y nuestros logros de esta manera".

Por su parte, se espera que esta semana el gobernador misionero Maurice Closs solicite formalmente un pedido de audiencia a Yauhar para tratar el tema y evitar así una posible escalada en los reclamos de los productores de su provincia.

Sin embargo, el ministro de Agricultura no tiene demasiado margen de acción dado que también recibe presiones por parte de los empresarios y de los directivos de las principales cadenas de supermercados que reclaman por la pérdida de rentabilidad en la venta de yerba.

Por último, según recientes datos del INDEC, en medio de la puja por los precios entre el gobierno, las empresas y los productores, durante el pasado mes de marzo la producción de yerba mate en la país cayó un 18,4%.
Los que deberían indemnizarnos son ellos
 Por: José Rigane
No alcanza con expropiar el 51% de las tenencias de Repsol. Es necesario ir más allá, condenado el modelo energético vigente por 20 años de privatización y avanzar sobre las otras transnacionales para recuperar soberanía energética. Es la hora de pasar de la mercantilización a una concepción de derecho a la energía. La sociedad debe empujar el cambio del modelo energético, no solo contra Repsol, sino contra todos los monopolios transnacionales que operan los hidrocarburos: Chevron, Petrobras, Total, Panamerican Energy, British Petroleum, entre otras. La obligada expropiación no puede terminar en habilitar concesiones a otras transnacionales. No se trata de identificar a Repsol como el malo y a las demás empresas como las buenas.
Nuestra posición apunta a la soberanía energética en el marco de la integración regional contra la dependencia. Por ello sostenemos la socialización de YPF y otras empresas, sin indemnización, sustentando la posición en la cuantiosa remisión de utilidades al exterior durante la explotación privada y la depredación realizada en los pozos concesionados. El pago en carácter indemnizatorio y la compra al valor bursátil de las acciones sería un injusto regalo de despedida para los saqueadores y grandes ganadores de un modelo energético que ha fracasado en tanto solución para las necesidad populares y ha sido un gran éxito en tanto estrategia de transferencia de capital para el desarrollo de los países centrales. Más que inversión externa ingresada, Repsol reproduce la lógica de inversores que remiten utilidades al exterior generadas con super explotación de fuerza de trabajo local y depredación de recursos no renovables.
¿Por qué hay que pagar indemnización si lo que hicieron es vaciar YPF a tal punto que hoy importamos petróleo y combustibles? No podemos pagar por lo que es nuestro, es decir patrimonio social del pueblo de la Argentina. Mucho menos cuando las privatizaciones estuvieron plagadas de corrupción, donde se falsificaron los balances y se alteraron los informes sobre las verdaderas reservas con fines especulativos. La realidad es que exportaron nuestras riquezas y recursos de manera que se redujeron las reservas petroleras del 18 al 7 por ciento y en gas del 30 al 7 por ciento en estos años. No se exploró y no se abrieron, ni remodelaron, nuevas destilerías. Los que deberían indemnizarnos son ellos.
Nuestra realidad es la perdida de la soberanía energética, y Repsol utilizó a YPF como plataforma de  expansión como operador transnacional. La riqueza social generada con trabajo en Argentina es la base de sustentación de las ganancias de Repsol, las que contribuyen a disimular la crisis española, europea y mundial. La responsabilidad del saqueo no es solo de la transnacional, sino también de los inspiradores originarios del proyecto privatizador, y de sus continuadores por dos décadas. Es necesario señalar al pacto de Olivos (el bipartidismo) que entrego el control de los recursos naturales a las provincias para sellar la complicidad de los gobiernos provinciales y el nacional, que en conjunto omitieron ejercer el debido control sobre las empresas y sus concesiones, prorrogadas en estos últimos años. En rigor, los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) son responsables por subordinarse a la lógica de mercado de los capitales más concentrados.
Por eso vemos con preocupación la conformación de una empresa de carácter mixto, el mantenimiento de YPF como una sociedad anónima, que abre la puerta a los negociados con el patrimonio del pueblo. La composición mixta siempre será contradictoria con los intereses del pueblo. Es que las lógicas capitalistas de ganancia son contradictorias con una proyección de la energía como bien público. Mientras sigan los inversores privados continuará el criterio economicista de mayor rentabilidad en el menor tiempo posible,  y por lo tanto no hay ecuación posible que nos permita usar la energía con un contenido altamente social. Estas son nuestras razones para proponer una empresa socialmente gestionada, con el Estado y la participación en la gestión de los trabajadores y la comunidad. El carácter excedentario de YPF nos permite afirmar la posibilidad de una eficiente gestión socializada. Sostenemos una YPF 100% PÚBLICA, NACIONAL Y SOCIAL para el PUEBLO.
Se trata de transformar la realidad, anulando las concesiones, volviendo la propiedad de los recursos naturales a la nación, y realizando la reforma fiscal necesaria que asegure recursos suficientes a las provincias para su gasto social. Lo que está en juego es el derecho a la energía. Hay que terminar con el ciclo histórico que trató todo como una mercancía. La educación, la salud, la alimentación, la energía son derechos de la población.
La región americana vive su tiempo histórico de recuperación de un proyecto emancipador. Es hora de que el país asuma el compromiso de protagonizar esa tarea en defensa de la soberanía y la integración regional, con un modelo donde la energía sea considerada un valor estratégico, tratada como un bien social y un derecho humano al que todos deben tener acceso. Esta no es una pelea con España y Europa. Repsol no es española o europea. Los trabajadores españoles, europeos y argentinos tenemos el mismo enemigo: el neoliberalismo, el capitalismo; su modelo productivo y de desarrollo. Debemos preguntarnos el para qué de la energía; ¿para qué y para quién producir petróleo? Hace falta petróleo, gas, energía para un modelo productivo y de desarrollo alternativo, que satisfaga las necesidades populares y no el objetivo de GANANCIAS. Es un debate nacional, regional y mundial.
Buenos Aires, 20 abril de 2012

lunes, 23 de abril de 2012

Malvinas 30 años
Las consignas del señalamiento y acto conjunto frente a Embajada Británica Fueron:

Ante el 30º aniversario de la Guerra de Malvinas, nos movilizamos para repudiar los capitales británicos en nuestro país y realizar un acto frente a la Embajada de Gran Bretaña en Buenos Aires.
Ratificamos que las Islas Malvinas forman parte indisoluble de nuestro territorio, y que el camino que debemos seguir como pueblo es de la unidad latinoamericana con posiciones firmes, con boicots y penalizaciones de conjunto a nivel nuestroamericano contra capitales británicos, para desterrar definitivamente el colonialismo de nuestro continente.
Debemos profundizar la unidad expresada por los países para declarar a las Malvinas e islas del Atlántico Sur como territorio inalienable de NUESTRAMERICA.
La política de declaraciones diplomáticas es insuficiente.
Seguiremos adelante con el grito de ¡¡¡Fuera ingleses de Malvinas!!! y exigimos al gobierno argentino una posición firme para lograr que las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur se reintegren a nuestro territorio.

Marchamos junto hacia la Embajada, el Espacio 20 de Diciembre, Resistencia Patriótica y Centro Cultural Alejandro Olmos, el Movimiento Patriotico Revolucionario QUEBRACHO, OLP, Resistencia Patriotica, La brecha, Frente Territorial 26 de Junio (MTR Santucho, CTD Aníbal Verón, OLP, Resistencia Popular, Mov. Desocupados Villa Golf, Pueblo en Lucha), COMPA.