martes, 20 de diciembre de 2011

Córdoba: Movimiento campesino reclamó derecho posesorio de campo de 13 mil hectáreas


El Movimiento Campesino de Córdoba se movilizó para reclamar por el campo ubicado en el departamento Ischilín. Aduce que más de 50 familias viven y producen en esas parcelas. Reclaman justicia por el crimen de Cristian Ferreyra.

Pequeños productores y familias campesinas del norte provincial, nucleados en el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), realizaron hoy una protesta frente al Palacio de Tribunales I en reclamo de los derechos posesorios de cientos de habitantes ancestrales de esa región.

Los campesinos quieren que se reconozca como poseedores de un campo de 13 mil hectáreas – ubicado en el departamento Ischilín, a 50 kilómetros de Quilino- a medio cententar de familias que desde hace décadas viven y producen en esas tierras.

La situación de los campesinos es delicada puesto que, de avanzar la quiebra -que es tramitada en el juzgado 52º Nominación Quiebras y Concursos a cargo de Marcela Susana Antinucci-, pueden perder los campos.

La abogada Victoria Gauna, del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), remarcó que el desalojo de estas personas tiene una implicancia social muy grande, al tiempo que remarcó que la sindicatura ha desconocido que el campo en cuestión esté siendo ocupado por más 50 de familias.

Además de la vía judicial, Gauna explicó que presentaron una iniciativa en la Legislatura Unicameral para que el Estado provincial expropie el campo en cuestión, algo que hasta el momento no está siendo debatido ni siquiera en comisión.

Una realidad extendida

La abogada estimó que en la justicia provincial son un centenar las causas que en distintas instancias tienen como demandados a campesinos. El flujo mayor de juicios se inició en 2001 cuando se modificó el modelo productivo. “La falta de títulos de esta gente motivó que se iniciaran demandas penales por usurpación”, explicó Gauna al diario Comercio y Justicia.

El caso emblemático fue, sin dudas, el de la anciana Ramona Bustamante, quien fue desalojada por la policía en enero de 2004 y posteriormente denunció por “estafa” a Edgardo y Juan Carlos Scaramuzza, supuestos compradores del campo del paraje Las Maravillas, en el departamento Tulumba.

Al sobreseerlos la Justicia de Deán Funes el caso llegó hasta el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el cual suspendió el desalojo y dispuso reenviar la causa a la cámara de origen para que emita un nuevo pronunciamiento.

El derecho a la tierra

En un comunicado, los campesinos demandaron a la provincia "que la Justicia reconozca la posesión campesina, arbitrar los medios necesarios y expropiar el campo para las familias campesinas organizadas, ya que mediante esta medida, también se conserva el bosque nativo".

Exigen además "que se esclarezcan todos los juicios y causas relacionadas con las estafas al Estado", y que se sancione "una Ley Provincial de Tierras que garantice la función social de la tierra urbana y rural, y facilite el acceso a la vivienda y a la producción agropecuaria".

En el comunicado reclaman el pedido de justicia por el crimen de Cristian Ferreyra, el joven de 23 años del Movimiento Campesino de Santiago del Estero.

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