Crisis energética: ¿mucho, poquito o nada?

Permítasenos dar nuestra opinión acerca del tan abusado término crisis en la actualidad argentina. Se podría decir que nuestro país vive una situación de crisis estructural, que encuentra su explicación en la sobreexplotación y el agotamiento del petróleo y del gas, recursos que componen el 90% de la matriz energética nacional. Esta crisis matriz, por ahora, se manifiesta esporádicamente a través de lo que podríamos llamar crisis derivadas: escaces en los productos derivados del petróleo y del gas (como el gasoil) y la insuficiente generación de energía eléctrica (que depende en un 50% del gas). Para solucionar estas crisis, diferentes fracciones de la burguesía entararán en confilcto (como sucedió tras la devaluación del 2002) para no cargar con los mayores costos de la solución. Los sectores más desprotegidos quedarán a merced de estos vaivenes, a menos que se tome una solución radical: recuperar la soberanía energética, la renta petro-gasífera y las empresas YPF y Gas del Estado.
La matriz energética argentina depende en un 87% del gas y del petróleo. El resto se componen de recursos hídricos (6%), nucleares (4%) y otros como la energía solar y el carbón (3%). Del gas extraído, parte se transforma y más del 12% se exporta. Lo producido va a parar al consumo residencial, industrial, comercial y público y también a la generación de energía eléctrica (cen-trales térmicas). El petróleo, al igual que el gas, también se transforma en combustibles. El gasoil, uno de éstos, estuvo en boga en los últimos meses debido a la escasez de su abastecimiento para los productores rurales, ya que entre otros ítems no se han construido nuevas refinerías para abastecer la demanda creciente, debiéndose recurrir a su importación.
En la carencia de estos dos recursos no renovables (gas y petróleo) se encuentra gran parte de la explicación de la actual crisis.
Un tercer eje (además de los recursos mencionados) es la generación de energía eléctrica.
La crisis de estos tres sectores encuentra su explicación en varias cuestiones: principalmente en que contra lo estipulado contractualmente, las petroleras y concesionarias de servicios públicos no han realizado las inversiones necesarias en la ampliación de la oferta energética. En el caso de la energía eléctrica, recién ahora se está moviendo la estantería con rimbombantes anuncios de ampliación de la capacidad de generación. Pero las obras no se realizan de un día para el otro. Y se le suman los desperfectos en algunas centrales de generación (incluso nuclear) que achican la potencia disponible.
En el caso de los hidrocarburos, los últimos datos de la Secretaría de Energía indican que, entre el 2004 y el 2005, las reservas de petróleo cayeron un 15% y las de gas natural un 16,7%, quedando el horizonte de reservas (la cantidad de reservas probadas en relación al ritmo de producción) en ocho años para el petróleo y casi nueve para el gas. Tan solo cinco años atrás, el horizonte para el petróleo era de 10 años y del gas casi 17. De la inversión en 165 pozos en 1995, las petroleras pasaron a invertir en sólo 25 pozos en 2005.
A la caída en las reservas de hidrocarburos (debido a un claro desinterés en la exploración y extracción), se le suma la exportación de combustibles, en particular del gas natural a Chile, generando ganancias sólo para el trust petrolero y gasífero, que encuentra a su principal protagonista en REPSOL-YPF. Esta empresa junto a otras, asociadas a través de una red de vínculos, se han benefi-ciado con la subfacturación de las exportaciones, ocasionando un importante perjuicio fiscal. A su vez, la Argentina se aproxima a ser una importante importadora de combustibles, enseñando el fracaso del mercado para generar el autoabastecimiento. Asimismo, en el caso del gas, no se han construido los gasoductos necesarios para el mercado interno: más de 13 millones de personas (40% de la población) carecen de gas natural y deben pagar la garrafa a precios extraordinarios.
Ante tal situación, la posición del Gobierno Nacional ha sido la de prohibir rotundamente la mención de la palabra crisis, para evitarse el peso y costo político que le acarrearía. Contra todo argumento, el gobierno arguye que el país no ha dejado de crecer desde el 2001, como si fueran datos posibles de disociar.
Tanto el gobierno, como la oposición reaccionaria juegan con dos variables (crisis y crecimiento), enfatizando una y tapando la otra cara de la moneda. Y no parecen advertir que el problema, en este caso, es la moneda, es decir, el modelo energético vigente. Existe crisis, existe crecimiento económico, y no puede negarse ni uno ni lo otro.
Como decíamos, a pesar de disociar dos aspectos claves de la misma moneda, las soluciones a la crisis, de una y otra parte, parecen apuntar en el mismo sentido: "seguridad jurídica" e incentivos a las petroleras, sin cambiar la moneda.
La crisis matriz encuentra su explicación primera no en la falta de incentivos para las petroleras sino en la entrega del control y la planificación del sistema energético nacional a un grupo de empresas nacionales y extranjeras que no se interesan por cumplir con los contratos firmados, con la producción y el abastecimiento de energía al pueblo argentino. Esta crisis que tiene como causa paradigmática la entrega de la petrolera estatal YPF no puede ser arrancada de raíz con más incentivos y exenciones fiscales a las empresas responsables de este negociado. Acá no se ha violado la "seguridad jurídica" de la burguesía concentrada, sino la seguridad y el bienestar del pueblo.
En una editorial del grupo MORENO (Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora) se advierte: "...el modelo energético vigente actual es totalmente impotente para superar la actual crisis (...) con políticas que no sólo no han modificado absolutamente nada, sino que han profundizado el sistema implementado en los ´90: las leyes de promoción de las inversiones en bienes de infraestructura y gastos de exploración, la entrega del mar mediante la utilización de ENARSA y la celebración de contratos secretos; la liberación del precio del gas natural en boca de pozo para todos los usuarios no domésticos, con la consiguiente transformación de un servicio público con precio regulado (tarifa) en un precio de mercado, donde el 92 % de la oferta se encuentra concentrada en ocho grandes multinacionales; la consolidación legal del precio internacional del gas envasado, que castiga a los desposeídos; la puesta en vigencia del plan eléctrico "sálvese quien pueda" para los industriales; (...) la permisividad de las exportaciones, con horizontes de reservas misérrimos (...); la demora de más de tres años en licitar dos usinas térmicas, generada en parte por el mantenimiento de las prebendas que el modelo eléctrico y su Mercado Mayorista otorgan a los generadores; la reanunciada terminación de las obras de Atucha II."
La crisis existe, y eventualmente patalea con más o menos fuerza. La única forma de que cese el pataleo es tomar acciones decisivas, que favorezcan a los desprotegidos de ayer y de hoy, y que pongan estrictos límites a los beneficiados de siempre.